Justicia anuncia una ley para controlar los permisos que los jueces dan a los presos

El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, afirmó ayer que es necesario reflexionar con serenidad sobre el asesinato de las tres niñas de Alcàsser a la hora de plantear reformas de las leyes. Entre otras cosas, el ministro anunció su propósito de "llevar a nivel de ley" la circular que se dictó en 1988 según la cual corresponde a Instituciones Penitenciarias vigilar la concesión de los permisos que los jueces de vigilancia conceden a los presos. "Tenemos que elevarla a nivel de ley", dijo De la Quadra, "para que no se produzca una diferencia de criterios entre la institución penitenciaria y los jueces".El ministro dijo también que en el nuevo Código Penal ya está previsto un endurecimiento de penas para los delitos que tienen que ver con menores. Sobre los asesinatos, dijo: "En estos momentos, un delito de asesinato puede ser condenado con una pena de reclusión mayor de 20 a 30 años, que en términos reales de cumplimiento es de 15 a 22 años. Está la realidad que se produce tras la aplicación automática del beneficio de reducción de penas por el trabajo, reducción que se aplica automáticamente. Sin embargo, en el nuevo Código Penal se incrementa la pena real, pues se mantiene el tope mínimo de 15 años y se eleva el máximo a 25, y si hay más de un delito se acumulan las penas de cada uno".

Asimismo, recuerda De la Quadra que el nuevo Código Penal incorpora que "personas exentas por razón de una enajenación mental o con responsabilidad disminuida no queden en libertad generando situaciones de peligro".

A la cuestión de las críticas que han concitado asesinatos recientes de niñas por parte de presos con permisos temporales, Tomás de la Quadra responde: "En 1988, Justicia realizó una circular distinguiendo los posibles beneficios penitenciarios en razón de la personalidad y peligrosad del delincuente y de la gravedad del delito. En esta circular se recogía que fuera la propia dirección general de Instituciones Penitenciarias quien vigilara la concesión de estos permisos. Esta precisión, que ahora está a nivel de circular y que ha venido aplicándose a nivel de la Administración, hay que llevarla a nivel de ley para que no se produzca una diferencia de criterios entre la institución penitenciaria y los jueces".

"Por eso", añade, "voy a proponer al Gobierno que se incorpore el contenido de esta circular a la legislación. De esta manera se suprimirán automatismos en la aplicación de permisos, deslindando el ámbito de la responsabilidad de la administración penitenciaria y el ámbito del juez para que no haya confusiones".

Mientras tanto, "una de las modificaciones que se pueden incorporar a la Ley Penitenciaria es que si los jueces de vigilancia entienden que deben conceder un permiso, en contra de la opinión del fiscal, el recurso del fiscal impida -hasta que decida el Tribunal Superior- la aplicación del permiso", concluyó.