El Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzga hoy si el Constitucional debió oír a Ruiz-Mateos

ENVIADO ESPECIALEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzga hoy por cuarta vez al sistema judicial español mediante la vista de la demanda del empresario José María Ruiz-Mateos, que denuncia la violación del convenio europeo por no haber sido oído por el Tribunal Constitucional, cuando los jueces cuestionaron la ley por la que se expropió Rumasa, y por haber sobrepasado su causa un "plazo razonable".

Fuentes jurídicas del Consejo de Europa, al que pertenece el tribunal, consideran probable que España sea condenada, si bien estiman "disparatada" la reparación de dos billones de pesetas que solicita Ruiz-Mateos.

Tales fuentes, muy próximas al tribunal, señalaron a este periódico que el hecho de que la Comisión Europea de Derechos Humanos dictaminara en febrero de 1992 sobre ambas pretensiones, resulta "indicativo, pero no decisivo", dijeron, para la sentencia que adopten los 27 jueces -uno por cada Estado miembro del Consejo de Europa- que hoy juzgarán el caso Ruiz-Mateos, bajo la dirección de su presidente, el noruego Rolv Ryssdal.

El juez español, José María Morenilla, ha tenido que abstenerse por haber intervenido en el caso en representación de España. Le sustituye un juez nombrado al efecto, el magistrado Dámaso Ruiz-Jarabo.

La vista se abrirá con la intervención de un representante de la Comisión, que defenderá su dictamen. A continuación, intervendrán los abogados de Ruiz Mateos -los españoles Marcos García-Montes y Salvador Sánchez Pardo y el francés François Rulhman-, quienes han expresado que la jurisdicción europea es la última esperanza del antiguo propietario del holding de la abeja de obtener alguna compensación por la expropiación de Rumasa el 23 de febrero de 1983.

Tras haber desestimado la comisión, hace un año y por unanimidad, las principales acusaciones contra España -discriminación, por ser expropiada Rumasa mediante una ley de caso único, y supuesta parcialidad de los magistrados del Tribunal Constitucional-, los abogados argumentarán que las dos cuestiones vivas violan también el derecho a "un juicio justo".

Asuntos 'vivos'

En respuesta a las alegaciones de estos abogados intervendrán los representantes del Estado. Fuentes próximas al equipo de juristas que encabeza el letrado del Estado Javier Borrego informaron que recordarán al tribunal las cuestiones ya desestimadas por la Comisión, a fin de acotar el objeto de la vista y evitar que los abogados de Ruiz-Mateos replanteen a los jueces europeos asuntos ya resueltos o "un proceso general por el caso Rumasa".

Añadieron que, respecto a los asuntos vivos, muchas de las dilaciones se debieron al propio Ruiz-Mateos y que, si bien el Tribunal Constitucional no le oyó cuando resolvió la cuestión planteada contra la ley expropiadora, sí fue oído por los jueces que asumieron su iniciativa.

Fuentes jurídicas del Consejo de Europa estiman muy probable la condena de España, que tendría como principal consecuencia la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para dar audiencia a los afectados por las cuestiones de constitucionalidad, como ocurre en otros países europeos. Otras fuentes creen que no será precisa tal reforma, ya que bastará que el alto tribunal introduzca en su práctica la audiencia de los interesados y no sólo las del fiscal, abogado del Estado y Cortes Generales.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que en ningún caso la decisión del tribunal europeo llevará consigo la revisión de la cuestión de inconstitucionalidad resuelta, sin oír a Ruiz-Mateos.