El Gobierno fija como meta hasta las elecciones crear las condiciones para salir de la crisis

El objetivo que se ha trazado el presidente del Gobierno, Felipe González, para los meses que restan hasta las elecciones del próximo otoño, consiste en "preparar las condiciones en España para el momento en que se produzca el relanzamiento económico", que sitúa en el segundo semestre de 1993. Esta pretensión se traduce en un impulso de las infraestructuras y del plan de convergencia, lo que otorga al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el protagonismo del final de legislatura, aunque sólo uno de sus proyectos, el Plan Hidrológico, tendrá una repercusión espectacular.

La desregulación del mercado laboral es uno de los temas más espinosos que se le plantean al Ejecutivo y junto a él aparece la resolución a adoptar en la polémica sobre la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las comunidades autónomas.La consigna que Felipe González ha impartido desde la Moncloa es la de trabajar hasta agotar la legislatura. En la Administración se asiste este comienzo de año a una actividad frenética porque todavía hay margen, hasta marzo como máximo, para "colocar" proyectos que pueden ser aprobados en la legislatura.

El objetivo de la Moncloa es impulsar el desarrollo de las infraestructuras -que mantienen un ritmo de inversión del 5% para este año-, donde se encuadra el Plan Hidrológico Nacional, y avanzar en el plan de convergencia con Europa. Cree el Gobierno que estas medidas situarán en buenas condiciones a España, tras la recesión económica. La tímida reactivación de la economía norteamericana, la bajada de los tipos de interés en Alemania, el aumento de las licitaciones de obras públicas son algunos de los factores que, en opinión del Gobierno, permiten abrigar un cierto optimismo para el segundo semestre.

La estrella de este final de legislatura será el Plan Hidrológico, aunque dados los plazos es probable que no pueda ultimarse dentro de la legislatura. El Gobierno pretende extraer de este plan todo su calado político. "A través de él y de las actitudes positivas de las comunidades autónomas donde gobiernan los socialistas se puede mostrar la capacidad de vertebración del PSOE frente al regionalismo, al nacionalismo y al PP", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno tiene a gala recordar que ya se ha cumplido el 75% del programa de convergencia. Grandes proyectos como el de la ley de Huelga, la ley de Arrendamientos Urbanos y la ley de autonomía del Banco de España ya están en el Parlamento, tras pasar por el Consejo de Ministros. "Son 22 los proyectos de ley enviados a las Cortes desde septiembre", recuerdan en la Moncloa. Sin embargo, algunas medidas para avanzar en la convergencia económica con Europa plantean los problemas más espinosos que el Gobierno tiene por delante al afectar a la flexibilidad del mercado laboral. El Consejo de Ministros no ha estudiado estas medidas de manera formal, pero las siguen de cerca los ministros de Trabajo, Luis Martínez Noval, y de Economía, Carlos Solchaga.

Desde el Gobierno se asegura que se van a afrontar las medidas relacionadas con la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores, que supone la eliminación de las ordenanzas laborales. Pero lo que puede desatar una batalla del Gobierno con los sindicatos es la flexibilización del despido, que se sumaría a la que tiene abierta con el empresariado a cuenta de la ley de Huelga.

Ley de Huelga

Así como Felipe González ha dado luz verde al proyecto de ley de Huelga -"no habrá modificaciones esenciales en el trámite parlamentario", dijo el seis de enero-, el jefe del Gobierno mantiene una actitud discreta respecto a la flexibilización del despido. En medios gubernamentales se opina que "Felipe González no va a abrir ese frente, aunque dará luz verde a que se haga una interpretación flexible del Estatuto de los Trabajadores en la exigencia de autorización previa de la Administración en los expedientes de regulación de empleo".

El resto de los ministerios realizarán tareas de remate de proyectos importantes. Es el caso de Justicia, cuya reforma del Código Penal pasa ahora por el Parlamento. O el de Administraciones Públicas, cuya ley de Organización de la Administración, prevista para ir al Consejo de Ministros antes de marzo, será la base de la reorganización administrativa, junto con la aplicación de la ley Jurídica de las Administraciones Públicas, ya aprobada. Para otra legislatura queda la ley de Gobierno.