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Editorial:

Gobernar es cumplir

HACE AHORA un año, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó la reforma del sistema de financiación autonómica, incorporando el concepto de corresponsabilidad fiscal a partir del artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que habla del esfuerzo fiscal medido a través del IRPF. La conclusión no escrita de la inmensa mayoría de los participantes, incluido el del Gobierno, fue que dicha corresponsabilización se realizaría mediante, la cesión de un tramo del 15% del IRPF. El consejo fijó el 30 de junio como fecha tope para detallar el despliegue de este acuerdo.Pasó el 30 de junio y no hubo nada sino un creciente desencuentro de las partes sobre las conclusiones alcanzadas seis meses antes. El Gobierno, buscando situarse por encima del conflicto, atribuyó la paralización del asunto al desacuerdo entre comunidades autónomas (sobre todo entre Cataluña y Madrid, por un lado, y Extremadura y Andalucía, por otro). El nacionalismo catalán respondió señalando que eran las discrepancias internas del PSOE las causantes. Ambas series de desencuentros eran y son reales. Y sus consecuencias se agravaron por el enrarecimiento ambiental que provocó este, otoño el congreso de Convergència, en el que Jordi Pujol propició una política de alianzas con base mercantil.

El nuevo sistema no puede funcionar si no es mediando consenso. Es lógico, tratándose de un elemento decisivo en el desarrollo de la compleja arquitectura del Estado de las autonomías. Pero el que las culpas de haberlo impedido anden repartidas no exonera al Gobierno de su responsabilidad en recomponer la situación. El Ejecutivo, por su iniciativa y por su peso en el CPFF, es parte muy principal en la operación: resulta ilegítimo que aparente mirar el toro desde la barrera, quizá esperando a que el tiempo diluya la espinosa cuestión hasta después de las próximas elecciones legislativas.

Las manifestaciones que Felipe González hizo recientemente en Extremadura resultan sorprendentes: "Yo tampoco tengo claro cuál sería el sistema que permitiría la neutralidad en el funcionamiento de los ingresos de las comunidades autónomas y el Estado", dijo en esa ocasión. Pues era deber del Gobierno haber profundizado en ese estudio en el plazo establecido, haber asumido los elementos válidos del derecho comparado y haber llegado a conclusiones propias sobre las que trabar el consenso, sin esperar a que autonomías de uno y otro signo político le hubieran presentado acuerdo y fórmula, para anudar simplemente el lazo protocolario final.

Pero es que, además, Felipe González, en su condición de secretario general del PSOE, no puede ignorar que sectores de su propio partido figuran entre quienes más han contribuido a convertir una discusión técnico-política en un debate político-demagógico, embozando sus posiciones tras una abrupta e irreal dialéctica de enfrentamiento entre regiones ricas pobres. La cesión de un tramo del IRPF es un elemento de corresponsabilización fiscal, y no sólo, como aduce González, un mero "cambio en el mecanismo de financiación". Lo es, especialmente, si se acompaña de una modificación en los impresos del impuesto -de forma que se visualice la incorporación de la respectiva comunidad autónoma al hecho recaudatorio y, por tanto, se le endose su cuota de coste político-, y si se pone en marcha la debida participación autonómica en la agencia tributaria.

Ya es hora de que se pongan todas las cartas sobre la mesa de una discusión serena y con voluntad de pacto. La tesis del presidente extremeño según la cual la cesión del famoso 15% del IRPF aumentaría las desigualdades interregionales es falsa: el montante global de financiación no quedaría modificado. Lo que sí cambiaría es la parte de ese montante obtenida automáticamente y la cubierta por vía de subvención, así como el conocimiento público, de estas relaciones, como sucede en Alemania, un país bastante solidario y más eficaz. Aumentar la transparencia es siempre deseable. También lo es aumentar la transparencia de los flujos solidarios interterritoriales: conocer la realidad. es un estímulo para mejorarla. Aunque a corto plazo pueda implicar costes de imagen para los gobernantes de las comunidades más subvencionadas.Por último, no debería convertirse en tema electoral la apelación a la unidad de España, como ha pespunteado González en sus últimas declaraciones. No debería emplearse la expresión "cerrar el proceso autonómico", sino más bien la de completar dicho proceso, porque la democracia es siempre perfectible. No vale aplazar el asunto hasta después de la próxima cita electoral, porque sólo tiene sentido agotar una legislatura si es para gobernar. Esto es, tomar medidas y cumplir compromisos, aunque resulten incómodos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de enero de 1993