Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los populares comparten las tesis defendidas por la CEOE

El presidente del Partido Popular (PP), José María Aznar, manifestó ayer que sería "muy positivo que no saliera adelante el proyecto de ley de huelga, tal y como está concebido, porque es perjudicial para la economía española". Aznar, con esta actitud, se alinea con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), contraria a este proyecto de ley, que se tramita en el Congreso y que, previsiblemente, se aprobará el próximo mes de marzo.La CEOE rechaza el proyecto de ley, según su portavoz Luis Márquez, por "la falta de obstáculos a la acción de los piquetes, la insuficiencia de sanciones a los participantes en una huelga ilegal, la permisividad a la ocupación de los centros de trabajo, el cierre del catálogo de servicios esenciales, la falta de regulación de las medidas de conflicto colectivo y de cierre patronal y la preocupación esencial de regular la huelga en los centro! públicos en menoscabo de los privados".

El ponente socialista José Barrionuevo admite que el proyecto de ley deja fuera la regulación del conflicto colectivo y del cierre patronal, y dedica más importancia a los servicos públicos. "Lo que sucede es que han sido más graves y de mayor repercusión los conflictos en la empresa pública que en la privada", dice el ex ministro.

Barrionuevo dice que el nuevo proyecto se ampara "en la jurisprudencia que ha habido sobre la huelga desde que en marzo de 1977 se aprobó la primera ley reguladora de este derecho en la democracia, una ley, por cierto, muy genérica".

Sin negar los intereses electorales que subyacen tras el acuerdo entre la dirección del PSOE y los sindicatos sobre el proyecto de ley, Barrionuevo asegura que en el texto "ni se mencionan los piquetes" y se dice expresamente que las medidas de los convocantes favorables a la huelga "no pueden violentar el derecho al trabajo de quienes quieren ejercerlo". Barrionuevo replica también que el proyecto de ley no permite la ocupación de los centros de trabajo por los huelguistas pues se limita a "tolerar el derecho de reunión en la empresa siempre que no entre en colisión con quienes trabajan ni se cause daños a las personas ni a los bienes". Admite el ex ministro que la participación en una huelga ilegal no conlleva el despido más que para los organizadores y la sanción para los participantes pasivos.

Respecto al listado de los servicios mínimos esenciales, Barrionuevo reta a la CEOE a que añada "un servicio más al listado, que es exhaustivo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de enero de 1993