Los partidos italianos están dispuestos a renunciar a su financiación pública
PERU EGURBIDE El problema de la financiación de los partidos abre el calendario político del nuevo año en Italia, tras un 1992 colmado de escándalos de corrupción que amenazan incluso a los líderes de las principales fuerzas. Según las propuestas llegadas a la subcomisión parlamentaria que hoy inaugura el debate sobre el tema, todos los grupos están dispuestos a renunciar al actual sistema de subvenciones públicas.
Pero subsiste la, polémica, asentada sobre una desconfianza básica: la de que la nueva ley sirva para disfrazar la continuidad del sistema y borrar simultáneamente las culpas contraídas bajo la ley antigua."Existe un claro y universal rechazo a toda contribución del Estado a los partidos", dijo Oscar Luigi Scalfaro, presidente de la República Italiana, en el mensaje de fin de año que pronunció la pasada Noche Vieja. Al hilo de una constatación tan tajante realizada por tan alta magistratura, resulta fácil entender que ningún partido italiano haya necesitado someterse a especiales ejercicios de realismo para concluir que las cosas no podían seguir como estaban.
Pero las opiniones difieren entre los políticos que se declaran ajenos al sistema y los compro metidos con él. El más contundente de los primeros es el ex radical Marco Panella, que, por lo que se refiere al pasado, sostiene que "lo primero, es que [los culpables] vayan a la cárcel", y, en cuanto al futuro, que "hay que derogar la ley vigente", pero sin promulgar otra nueva, ya que ésta "sólo serviría para perpetuar a los partidos actuales".
Políticos tradicionales
Políticos tradicionales de la mayoría, como el socialista Bettíno Craxi, el único secretario general implicado en el escándalo hasta ahora, o el democristiano Giulio Andreotti y su ex colaborador Vittorio Sbardella, han sostenido, en cambio, que, a diferencia del enriquecimiento personal, "coger dinero para el partido no es delito", y, en consecuencia, que el sistema actual debe ser reformado para superar unas deficiencias "técnicas" que, en su opinión, explican la proliferación de "conductas desviadas".
Frente al sistema de asignaciones presupuestarias proporcionales a las respectivas fuerzas electorales que el Parlamento italiano aprobó en 1974, tras un primer escándalo de comisiones relacionadas con el comercio del petróleo, y que luego fue el modelo adoptado en España, la alternativa tiene, por fuerza, que poner el acento en la financiación privada.
La Democracia Cristiana promueve, por ejemplo, un sistema de fundaciones ligadas a los partidos, aunque 'separadas de sus direcciones políticas, similar al existente en Alemania, en el que serían decisivas las aportaciones de las empresas. La Liga Norte, el movimiento antipartidos políticos que dirige Umberto Bossi, excluye, en cambio, para evitar la formación de grupos de presión, a las empresas como agentes financieros de la política.
Hay, además, un consenso bastante general de que el Estado debe canalizar esfuerzos individuales en la financiación de la política por vía del impuesto sobre la renta.
Pero algunos, como Panella, secundado por los verdes y en menor medida por la Liga, sostiene que, en lugar de dinero, lo que el Estado debería dar a los partidos son servicios, como locales y comunicaciones para realizar sus tareas. El líder ex radical ha promovido un referéndum para la abolición de la ley de financiación de los partidos políticos, que debería realizarse en primavera, y esa cita con las urnas imprime especial urgencia a las tareas parlamentarias de la reforma legislativa.
