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Matilde Fernández se solidariza con el ginecólogo Sáenz de Santamaría

La ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, se solidarizó ayer, en unas declaraciones a la cadena SER, con el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, cuya condena por la Audiencia de Málaga a siete años de prisión por practicar un aborto fue ratificada el jueves pasado por el Tribunal Supremo.

Matilde Fernández, que ofreció su colaboración al ginecólogo malagueño, aseguró a la cadena SER que en los procesos por aborto, como el vivido por Sáenz de Santamaría, siempre están implicadas las mujeres más débiles económica y socialmente. "Cuando le pedimos al fiscal general datos sobre el número de expedientes en curso sobre aborto", añadió, "comprobamos cómo tras ellos están mujeres de clase trabajadora, muy humildes y con grandes carencias de información".Coincidió en este sentido la ministra con las declaraciones hechas por el médico malagueño condenado cuando conoció la sentencia del Tribunal Supremo. Sáenz de Santamaría, que había calificado de "terrorismo institucional" la condena a prisión impuesta también a Inmaculada J. -la mujer a la que se practicó el aborto que se encuentra en el origen de su procesamiento-, dijo: "El origen de este caso es tan miserable, es una ley tan injusta, que al final siempre pringan los más desgraciados y los que nos solidarizamos con ellos".

Sobre el proyecto de Código Penal pendiente de debate en el Congreso, que modifica la vigente legislación sobre el aborto, la titular de Asuntos Sociales indicó que la redacción entregada al Parlamento "es un poquito mejor que la que tenemos ahora", pero reconoció que no resuelve el problema.

La solución, para Matilde Fernández, debería consistir en que "la mujer, desde su responsabilidad, pudiera decidir sobre la maternidad responsable y deseada y no los médicos o los jueces, en contra de lo que opinan algunos compañeros suyos de Gabinete y lo que la propia reforma del Código Penal establece al respecto.

Las reticencias en el seno del Gobierno son, a juicio de Matilde Fernández, de carácter jurídico, ya que algunos ministros argumentan que una redacción más avanzada podría ser rechazada por el Tribunal Constitucional.

La ministra pidió un debate "riguroso y sereno" en el Congreso para la modificación de la legislación sobre la interrupción del embarazo recogida en el futuro nuevo Código Penal y sugirió el comienzo de una amplia reflexión para que "sea la propia sociedad la que pida que la mujer sea la última en decidir sobre este asunto".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de enero de 1993