Estado patrón

EL GOBIERNO ha acordado aprobar en enero una ley para aumentar el sueldo de los funcionarios un 2%. La revisión se realizará por la vía del crédito extraordinario, al negarse los grupos de la oposición a aceptar una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado que hubiera permitido introducir la corrección durante el debate de las cuentas del Estado en el Senado. Con esta medida, el Ejecutivo, actuando Como empresario de 1,7 millones de funcionarios, trata de demostrar su firmeza en materia salarial, al margen de cualquier consideración electoral. Los funcionarios reniegan de ese papel ejemplificador que se les hace cumplir, pero no deberían olvidar que, si su poder adquisitivo no crecerá en 1993, menos crecerá o más menguará la remuneración de los trabajadores de la empresa privada que se vean obligados a acogerse a los subsidios de desempleo como consecuencia de la crisis. El trabajo del funcionario nunca será el mejor pagado, pero en tiempos de crisis es el único que tiene asegurada la continuidad.La decisión del Gobierno no debería quedarse en una mera cuasi-congelación salarial. Es el momento de acometer de una vez la tan anunciada reforma de la Administración y aplicar en el sector público los criterios de mejoras de productividad. Y ese objetivo pasa aquí por la racionalización de la función pública, por la supresión de los niveles superpuestos de la Administración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por la delegación de competencias desde las comunidades autónomas en dirección a las corporaciones locales.

Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el Parlamento, son una invitación, a esta línea de moderación en el gasto y mejora en la eficiencia de la gestión. Así se desprende de las grandes cifras que con forman este presupuesto. Después de las alegrías de 1992, el presupuesto de 1993 ha sido incluso aligerado suavemente, durante su tramitación en el Senado, con objeto de mantener un déficit del 2,3% del PIB en una economía que apenas crecerá un 1 %, con una inflación del 4,5%. El gasto no financiero del Estado ascenderá a 14,7 billones de pesetas (frente a los 14,8 billones presupuestados inicialmente), los ingresos no financieros se situarán en 13,3 billones (frente a los 13,4 iniciales) y el déficit queda fijado en los 1,4 billones de pesetas contemplados en el proyecto inicial.

El Gobierno ha decidido por fin aplicar un presupuesto austero para contener el gasto, aunque lo ha hecho en un año en el que la economía ha empeorado y se ha frenado el ritmo de ingresos que provienen de los impuestos. Así, por IVA e IRPF -las dos principales fuentes de ingresos del Estado- se espera recaudar sólo un 13% y un 11% más, rompiendo los fuertes crecimientos de años anteriores. Unos presupuestos que ayudarán a la política monetaria a cumplir con los objetivos de inflación, tipos de interés, déficit público y stock de deuda para cumplir con lo que exige el Tratado de Maastricht y hacer más creíble el conjunto de la política económica, que estaba coja desde el lado de la política fiscal.

El estatuto de autonomía que el Gobierno se propone otorgar al Banco de España -al que endosa no sólo la ejecución, sino también el diseño de los objetivos monetarios- implica que, a partir de su puesta en práctica en 1994, será mucho más dificil hacer una política monetaria para contener la demanda y los precios, y, al mismo tiempo, seguir acumulando déficit por el descontrol del gasto público. El presupuesto debe cumplirse y no rebasarse al alza sistemáticamente. A partir de ahora, la política monetaria y la presupuestaria deberán ir en la misma dirección. El presupuesto para este año mantiene el difícil juego de equilibrios para que la inversión pública alcance el 5% del PIB y cumplir con el plan de convergencia con Europa, especialmente en la construcción de infraestructuras, a la que se destinan 730.000 millones de pesetas. No es poco todo ello tras un año de abultados errores en política económica. La rectificación en materia presupuestaria viene a enmendar una incoherencia.