Un solo mercado

CON EL nuevo año 1993, Europa inicia la tarea de poner en práctica uno de los objetivos más directamente expresivos del proyecto de integración diseñado hace siete lustros en el Tratado de Roma. Desde ayer, la entrada en vigor del mercado único otorga carta de naturaleza al mayor mercado integrado del mundo: 345 millones de consumidores, un producto interior bruto (PIB) de 6,5 billones de dólares (700 billones de pesetas) y una participación en el comercio mundial superior al 40%.Más allá de la significación, histórica de esta fecha, la trascendencia económica derivada de la aplicación de esas nuevas reglas de juego en que se han de desenvolver las economías comunitarias ha sido, en gran medida, anticipada a lo largo de los últimos años. Desde la formulación del Acta única, el horizonte del mercado interior se constituyó en el principal elemento dinamizador de las economías comunitarias; las exigencias de adaptación a ese nuevo entorno más homogéneo y competitivo han sido el catalizador de las orientaciones de política económica de los Gobiernos y el eje en torno al cual se articularon las nuevas estrategias empresariales y sectoriales de la región.

La modernización de las empresas, su redimensionamiento, los procesos de concentración o las nuevas alianzas internacionales definidas fueron respuestas que contribuyeron al asentamiento de esa fase de expansión en que las economías comunitarias han estado inmersas en la segunda mitad de la pasada década, con mejoras evidentes en el progreso tecnológico y en la productividad. Cambios de adaptación que también se extendieron a otros países y regiones, determinando así uno de los periodos más intensos en la inversión internacional y en las políticas orientadas a reforzar los acuerdos de integración extracomunitarios.

El escenario económico que preside la aplicación formal de ese amplio cuerpo normativo sobre el que descansa el mercado único es bien distinto al que amparó su formulación. Las economías europeas de 1993 exhiben indicadores que en no pocos casos revelan cuadros recesivos, al tiempo que se manifiestan en toda su intensidad importantes problemas estructurales, independientes del ciclo económico. La continuidad y perfeccionamiento de esa dinámica de integración económica y monetaria han sido cuestionados por las dificultades surgidas con la ratificación del Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht en diciembre de 1991. La consecuencia es el actual clima de incertidumbre que aqueja a todo el proceso, y que la reciente cumbre de Edimburgo no ha conseguido clarificar completamente. La crisis del Sistema Monetario Europeo (SME) es quizá el exponente más elocuente de ello, aunque en absoluto el único.

La eliminación de los obstáculos que se interponen a la continuidad de ese proceso hacia la Unión Económica y Monetaria (UEM) es algo más que un factor coadyuvante a la mejora de las expectativas de los agentes económicos; es la condición necesaria para que el mercado único puesto en marcha funcione en plenitud. La generación de las ventajas asociadas a la consecución del mercado interior en modo alguno puede desvincularse del progresivo cumplimiento de las condiciones de convergencia nominal definidas en el Tratado de Maastricht y, en especial, de la eliminación de la precariedad que hoy caracteriza a la estabilidad de los tipos de cambio en la región.

La economía española

La economía española aborda el inicio del mercado único en circunstancias bien distintas a las vigentes en el momento de su incorporación a la CE. Agotado uno de los más intensos periodos de expansión de nuestra economía, el año que ha terminado constituye el. pórtico de un periodo de desaceleración en el ritmo de crecimiento, algunas de cuyas consecuencias más severas ya se hacen sentir, sobre todo en términos de destrucción de puestos de trabajo.

Dos hechos condicionan las expectativas de recuperación de la economía española sobre las mismas bases en que cifran la suya, a lo largo de la segunda mitad del próximo año, las restantes economías europeas. De un lado, la coincidencia en los momentos actuales de sendas fases terminales del ciclo económico y del ciclo político. De otro, el mantenimiento de los clásicos desequilibrios estructurales que aquejan a la economía española. Esos años irrepetibles de la segunda mitad de los ochenta, en los que la economía española registró una casi completa apertura al exterior, no fueron aprovechados para eliminar aquellas limitaciones estructurales que impiden su homologación con las más avanzadas de Europa y limitan seriamente las posibilidades de una sana recuperación.

En gran medida, las amenazas que sobre algunos sectores y empresas españoles se presentaban asociadas al aumento de la competencia intracomunitaria ya se han puesto de manifiesto en estos últimos años mediante la creciente penetración de la propiedad extranjera, y muy especialmente la adversa evolución de nuestro déficit exterior. Sólo algunos sectores esencialmente vinculados al suministro de servicios desconocen esos efectos asociados a la ampliación de ese marco competitivo.

En todo caso, el gran mercado no llega al completo. De las llamadas grandes libertades -libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas- sólo han entrado en vigor las tres primeras, precisamente las más económicas. Ello ha tenido un primer efecto visible en las fronteras: la práctica desaparición de los controles aduaneros. La cuarta, la más política de todas ellas, no estará vigente antes del verano, y, en todo caso, no en toda la Comunidad. El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca han preferido renunciar, de momento, a dejar circular libremente a los ciudadanos de los Doce y mantendrán el control policial de las personas en sus respectivas fronteras.

Excepciones

No es casual que británicos y daneses conformen la primera excepción a la regla en el primer día simbólico de gran mercado. Pero si tanto el Reino Unido como Dinamarca han ido colocando obstáculos al Tratado de la Unión, no es menos cierto que su gran objetivo europeo pasa precisamente por el fortalecimiento de la Comunidad como zona de libre cambio, más que como unión política. A estos dos países, precisamente, les ha tocado desempeñar la presidencia de la Comunidad en los seis meses previos y en los primeros seis meses de mercado único.

Los principales objetivos de Dinamarca en su mandato de seis meses al frente de la presidencia comunitaria iniciado ayer son la obtención del sí de sus conciudadanos al Tratado de Maastricht y el impulso a las negociaciones de ampliación. Es éste un tema de capital interés para Dinamarca por cuanto dos de los tres países -Suecia, Finlandia y Austria- que inician ahora conversaciones para su adhesión a la Comunidad pertenecen al más inmediato entorno político, cultural y geográfico danés. Su integración en la CE ayudaría, sin duda, a los ciudadanos daneses a sentirse más identificados con el proyecto europeo.

La política, exterior será otro de los objetivos prioritarios de la presidencia danesa. Dinamarca ha expresado su voluntad de volcarse en la proyección de la Comunidad hacia el centro y el este de Europa y dinamizar la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Si la ampliación por el norte es uno de los grandes escenarios de trabajo de la presidencia danesa, la reciente reforma del equipo ejecutivo de la Comisión Europea ha significado un fortalecimiento de los países sureños de la Comunidad. La nueva Comisión, que preside el francés Jacques Delors, refleja un reequilibrio Norte-Sur en el que los comisarios españoles han salido reforzados.