El Banco de España decidir a la política monetaria con independencia del Gobierno

A partir del 1 de enero de 1994, el Banco de España definirá los objetivos a cumplir en materia de política monetaria y los ejecutará de la forma que crea conveniente, con plena independencia del Gobierno. Así se recoge en el proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El proyecto, definido por el ministro de Economía como una de las leyes más importantes de esta legislatura y de la década socialista" forma parte e las medidas contenidas en el plan de convergencia y en el Tratado de Unión Europea, al que se ha adherido España.

La autoridad monetaria, que hasta ahora sólo ejecutaba la política monetaria -no la decidía-, estará obligada a apoyar la política económica general del Gobierno siempre que ello no menoscabe su tarea fundamental: velar por la estabilidad de precios y, por consiguiente, por el valor de la moneda.El Gobierno se reserva "la formulación de la política de cambio de la peseta" -el tipo de cambio-, pero esa formulación deberá ser consultada al Banco de España.

En el proyecto de ley que se inspira, según explicó el ministro Solchaga al término del Consejo de Ministros, en estatutos de otros bancos centrales como el del banco central alemán (Bundesbank) o la Reserva Federal de Estados Unidos, se recogen otras modificaciones importantes respecto a la Ley de Organos Rectores que regulaba el funcionamiento del banco emisor desde 1980.

A partir de la entrada en vigor de la ley, el Banco de España tendrá absolutamente prohibido financiar al Tesoro y otros entes públicos. Ello supone que la autoridad monetaria no podrá conceder préstamos o adelantos, ni podrá permitir descubiertos en cuenta corriente ni al Estado (Tesoro) ni a otras Administraciones u organismos públicos. El Estado amortizará el descubierto que el Tesoro mantiene en el Banco de Espafia desde 1989 (1,156 billones de pesetas a 31 de diciembre de cada año) en un plazo de 40 años y sin intereses.

La prohibición de financiar al Tesoro, incluso de forma transitoria, supone también que el Banco de España tampoco podrá adquirir directamente al emisor cualquier forma de deuda pública. Si debe hacerlo (para drenar el dinero en circulación, para aumentar la liquidez del sistema o para hacer frente a turbulencias monetarias) recurrirá a los mercados.

La autonomía del Banco de España se adelanta en cuatro años a las exigencias del Tratado de Maastricht, que fijó el 1 de julio de 1998 la fecha tope para constituir el Banco Central Europeo.

Control parlamentario

La nueva norma supone que el control de las actuaciones del Banco de España pasará al Parlamento, en la forma que éste decida. Concretamente, el proyecto recoge una "obligación publicidad e información" a las Cortes Generales y al Gobierno sobre los objetivos e instrumentación de la política monetaria".

El proyecto modifica también los órganos rectores del banco. El gobernador seguirá siendo nombrado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, con un mandato de seis años que no podrá ser renovado. Hasta ahora el mandato del gobernador era por cuatro años renovables. Ni el gobernador ni su familia podrán invertir en bolsa ni en empresas relacionadas con la actividad del banco.

El subgobernador seguirá siendo designado por el Gobierno, pero será propuesto por el gobernador en lugar de por el ministro de Economía. El Consejo General del banco pasa a denominarse Consejq de Gobierno y estará compuesto por el gobernador, el subgobernador, seis consejeros, el responsable del Tesoro y el vicepresidente de la Comisión de Valores. Tesoro y CNMV no tendrán voto cuando se debatan temas de política monetaria. Los consejeros tendrán un mandato de ocho años no renovables frente a los tres -renovables- actuales. El actual Consejo Ejecutivo de la entidad pasa a denominarse Comisión Ejecutiva. En lugar de tres consejeros, formarán parte del mismo dos, además del Gobernador y del subgobernador. El Gobernador tendrá voto de calidad.