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Millón y medio por un DNI

El auto dictado ayer por el juez Moreiras detalla que se llegó a pagar hasta un millón y medio de pesetas para que titulares ficticios de las operaciones aceptasen Figurar como reales, aportando su DNI ante Hacienda.Según la resolución judicial, la mecánica operativa era la siguiente: El Banco Santander ofrecía los contratos de cesión de nuda propiedad de créditos a sus clientes como si se tratara de un depósito a plazo fijo con intereses pactados previamente, asegurándoles en todo caso al vencimiento del plazo convenido el abono del principal más los intereses, sin trasladarles en absoluto el riesgo de impago de dichos créditos, o de su retraso, por el deudor del que el Banco era acreedor.

El depósito tenía como peculiaridades que del mismo no se informaba a Hacienda -se dijo a los titulares que no se le informaría nunca- y que no tenían retención en origen. Para el banco tenía como particularidad que no se aplicaba el coeficiente de caja.

Cuando la inspección de Hacienda requirió al banco la identidad de los titulares, el Santander, en principio, negó llevarlas; lo que no era cierto pues disponía de esos nombres en los soportes magnéticos de su central contable electrónica, y los contratos escritos en la Dirección General de Auditoría y Control (en fotocopias) y en las diferentes sucursales y agencias (los originales). Todo ello, cuando la operación se hubiera formalizado por escrito, lo que no siempre ocurría, pues en ocasiones se entregaba al depositante un simple recibo de la cantidad depositada, plazo e interés convenido.

Aviso

Posteriormente, dice la resolución, cuando el Santander decidió acceder a lo solicitado por Hacienda, mandó un listado de titulares de todos los contratos a cada director de sucursal o agencia, vía Organización Territorial, para que les avisara de que se iba a proceder a proporcionar sus nombres si no daban otros que pudieran aparecer razonablemente como titulares.

Si los titulares reales optaban por esa alternativa, proporcionaban a los directores del banco el nombre de las personas que estaban dispuestas a aparecer como titulares. Estos a veces lo hacían sin lucrarse como es el caso de familiares y otras veces cobraban una cantidad que oscilaba entre 30.000 y 1.500.000 pesetas. Los nuevos titulares firmaban un impreso de contrato y entregaban una fotocopia del DNI que luego se remitía a Hacienda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de diciembre de 1992