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El juez Moreiras impone una fianza de 8.000 millones al Santander por las cesiones de crédito

El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, impuso ayer una fianza de 8.000 millones de pesetas al Banco Santander para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en miles de delitos fiscales cometidos a través de las operaciones de cesión de crédito que la entidad realizó en toda España entre 1986 y 1989. El magistrado precisa que "aparecen claramente indicios de criminalidad" contra el presidente del banco, Emilio Botín Sanz de Sautuola; el consejero delegado, Rodrigo Echenique, y otros altos directivos. El banco, que recurrirá el auto, niega que las operaciones puedan calificarse como depósitos a plazo tal y como sostiene el juez.

El auto dictado por el juez Moreiras ha denegado la petición de los abogados del Banco Santander de que archivase las diligencias porque los hechos no constituían delito alguno. El juez destaca que también el abogado del Estado se ha opuesto al archivo "por cuanto las actuaciones llevadas a cabo por el juzgado demuestran inequivocamente la perpetración de los delitos para cuya averiguación se acordó iniciar las diligencias".Moreiras explica que el juzgado ha tenido conocimiento, de forma verbal y en escrito no definitivo, de los informes periciales de los inspectores fiscales encargados de analizar la documentación intervenida al banco. Esos informes precisan que el número de operaciones de cesión de créditos realizados por el Banco Santander asciende a 45.000 entre los años 1986 y 1989, y por un importe total de 400.000 millones de pesetas.

De esas operaciones, 8.000 lo fueron por importe superior a 20 millones de pesetas y, precisamente, señala el magistrado, "entre estas últimas es donde con mayor frecuencia aparece que los nombres de sus titulares, aportados por el banco a la Inspección de Hacienda, cuando ésta se los requirió, no coinciden con los que aparecen en la documentación intervenida por el juzgado en los registros practicados en el banco, pues sus titulares originales, son personas distintas a las que el banco dijo a Hacienda". El Santander debió retener e ingresar en Hacienda unos 2.000 millones de pesetas, aunque más adelante, el juez precisa que la suma defraudada puede ser muy superior a los 8.000 millones.

Idea de Uclés

La resolución de Moreiras especifica que las cesiones de créditos, como producto financiero, fueron ideadas por el jefe de la asesoría jurídica del Banco Santander, José Ignacio Uclés, siguiendo instrucciones de sus superiores que pretendían captar dinero fiscalmente opaco. La entidad ofrecía a sus clientes la posibilidad de tener ese dinero depositado a interés y plazo fijo sin perder su opacidad fiscal. Era un producto destinado a clientes especiales.El magistrado explica que "el presidente ejecutivo, Emilio Botín, y su consejero delegado, Rodrigo de Echenique,

conocían y estaban perfectamente al corriente de las actividades ideadas por su asesoría jurídica y su asesoría fiscal ( ... ) para ocultar a Hacienda los nombres de los auténticos titulares de los contratos, que fueron llevados a la práctica por directivos de nivel inferior".

El juez menciona expresamente como responsables de la asesoría fiscal que ocultaron datos a Hacienda a Julio Banacloche y Ginés Navarro Fernández. También afirma que los directores de sucursales y agencias, directores e interventores de organizaciones territoriales eran instados a secundar las directrices del banco en ese punto, pues "de no hacerlo, recaía sobre ellos las medidas de disciplina personal que considerasen adecuadas para hacerles cumplir esas actividades".

Moreiras razona la inculpación de la dirección del Santander de la siguiente forma: "Tanto la asesoría jurídica como la asesoría fiscal son departamentos del banco cuyo trabajo consiste, como su propio nombre indica en asesorar. No tienen poder decisorio, pues este corresponde a sus órganos decisorios, esto es, el presidente ejecutivo y el consejero delegado, además del Consejo de Administración, que efectivamente intervino, o al menos alguno de sus componentes, en la toma de esa decisión".

El juez estima que los directivos del banco son autores por inducción de miles de delitos de defraudación a Hacienda, al igual que los clientes, y matiza que el banco actuó con "abuso de confianza". La entidad bancaria abusó de la confianza depositada en ella por las autoridades económicas administrativas, y participó como autor -provocando o siendo cómplice- en múltiples delitos de defraudación.

El Banco Santander hizo público ayer un comunicado en el que rechaza "categóricamente la calificación jurídica que el juez hace de las cesiones de crédito considerándolas depósitos bancarios sujetos a retención. El banco sostiene, por el contrario, el carácter específico que las cesiones de crédito tuvieron, como lo confirma el hecho de que sus importes, según la normativa del Banco de España, no estaban sujetos al coeficiente de caja, ni sus rendimientos a retención fiscal.

"Naturalmente", añade el banco, "esta discrepancia técnica será el objeto del recurso que los servicios jurídicos del banco están elaborando".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de diciembre de 1992

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