Aragón entre Euskadi y Cataluña

España parece estar descubriendo en los últimos meses que Aragón tiene clara conciencia de identidad propia y una decidida voluntad autonomista. Primero, la presencia de 120.000 aragoneses en las calles de Zaragoza el pasado 23 de abril y, ahora, los casi 10.000 aragoneses que reivindicaron autonomía plena en Madrid el pasado domingo, han servido para poner en evidencia dos cosas: en primer lugar que el Estado autonómico sigue siendo una cuestión abierta y de enorme transcendencia para la modernización de España; y en segundo, que la sociedad aragonesa ha asumido como suya la idea de un nuevo estatuto, similar al que ya tienen las comunidades autónomas del 151.

Óptica deformadora

Pese a todo, y como viene siendo norma de nuestra milenaria historia, fuera de Aragón se está viendo esta ilusión autonomista con óptica deformadora, en algún caso casi esperpéntica y desde luego nada real. Tradicionalmente, somos un territorio por el que se transita, pero sobre el que se profundiza muy poco. Nuestra imagen exterior acumula estereotipos bien lejanos, desde luego, del Aragón real, dinámico, capaz de ilusionarse con su tierra y su futuro, incluso en momentos de abúlia generalizada.Parece lógico que, tras 10 años de experiencia de modelo autonómico, algunas comunidades autónomas se planteen si han salido beneficiadas o perjudicadas en este proceso y, sobre todo, que tomen postura ante lo que queda por venir en ese modelo de Estado. Esa toma de conciencia, que parece haber sorprendido a toda la sociedad española y a los principales poderes del Estado, es ya una imparable realidad en Aragón, incluso en aquellos sectores sociales más reticentes a la movilización y al respaldo popular.

Con frecuencia se olvida que las comunidades autónomas denominadas de la vía lenta aceptaron resignadamente la desigualdad autonómica inicial ante la oportunidad constitucional de desarrollar los respectivos estatutos a los cinco años de su aportación. Por eso, en Aragón, y más recientemente en Canarias, la respuesta ha sido contundente cuando el pacto autonómico ha hablado de perpetuar esas desigualdades indefinidamente. Aragón ha dejado oir su voz antes que otros territorios porque mantenemos relaciones muy intensas con comunidades autónomas, como Euskadi, Cataluña y Navarra, que disfrutan de pleno autogobierno desde que comenzó a desarrollarse el título VIII de la Constitución, y son muchos los aragoneses que han podido comprobar en estos años la diferencia entre un grado y otro de autogobierno.

Además, en estos 15 años, la autonomía ha pasado de ser una cuestión preferentemente política a convertirse en elemento clave para el desarrollo económico y social de un territorio, en un factor estratégico para ser competitivos. Y la internacionalización de la economía está generando, de manera paulatina, pero firme, una creciente pugna entre los diversos territorios por captar inversiones y por mejorar todo lo posible su grado de competitividad.

En consecuencia, el diferente grado de autonomía está condicionando la política de convergencia con Europa de cada uno de los territorios de España, sobre todo si, como ha venido sucediendo en estos años, el Estado -primer distribuidor de bienes y servicios- no cumple con su papel de garante del interés general y acentúa las desigualdades focalizando las inversiones en determinadas zonas, ya especialmente beneficiadas, por la capacidad de su autogobierno. En Aragón hemos comprobado que las inversiones estatales no llegan más que para proyectos que interesan al poder central, como la autovía entre Zaragoza y Madrid. En más, de 20 años, y por citar un ejemplo significativo, nuestros principales problemas de infraestructuras viarias e hidráulicas siguen pendientes.

Acudiendo a Ralf Dahrendorf, puede afirmarse que en la España actual la gama de oportunidades de los individuos varía notablemente según el territorio al. que pertenecen. Y si, como se sostiene desde el liberalismo social, el progreso radica en mejorar las opciones de los individuos y en luchar contra cualquier limitación arbitraria de esa posibilidad de elegir, el actual Estado autonómico español no contribuye al progreso porque alimenta las desigualdades entre unos y otros territorios, entre unos y otros españoles. En otras palabras, contraviene el principio constitucional recogido en el artículos 139, de que todos los españoles tendrán los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Mercado interior europeo

Planteadas así las cosas, me parece evidente que nuestra proximidad a comunidades autónomas del 151 no sólo ha influido en que los aragoneses sintamos bien vivas las desigualdades que propicia el actual desarrollo de las autonomías. También ha determinado que en Aragón hayamos sentido como urgente el mismo grado de autonomía, de manera que no se perpetúe esa desigualdad en el exigente mercado interior europeo. Nuestra situación estratégica nos concede ventaja para competir, pero la perdemos, entre otras causas, por el limitado grado de autonomía que tenemos. En la situación actual no podemos competir con ellos para captar inversiones, para modernizar nuestra industria y agricultura, para formar nuestros recursos humanos, para contar con equipamientos sanitarios y sociales. Y además he podido comprobar que esa diferencia en el grado de autonomía puede dificultar incluso la colaboración y cooperación con territorios de nuestro entorno.Para quienes, desde Madrid, nos ven como una prolongación de la meseta, el proceso de estos seis meses ha demostrado que somos un pueblo activo abierto al progreso y al futuro, con ganas de mejorar y que huye de la resignación. Vengo recordando que los aragoneses sentimos la autonomía dentro del Estado, que no entendemos nuestra tierra fuera de España. Por algo fuimos piedra angular en la creación del Estado, y siempre nos hemos distinguido por un acusado sentido integrador. Ya decía Joaquín Costa que "cuando España deje de ser, Aragón, Aragón seguirá siendo España".

Por eso tenemos la sensación de que no se habla de nosotros cuando se nos relaciona con supuestos elementos desintegradores de la unidad de España y, sobre todo, que no se valora suficientemente la importante contribución política que Aragón puede realizar al Estado en este final de siglo dentro del noreste de España. Si Aragón acaba siendo una autonomía fuerte e integradora de todos los territorios de su entorno, aumentará considerablemente la estabilidad política del Estado. Y en sentido contrario, debe tenerse claro que se asumen riesgo s importantes si se frustran las expectativas de este pueblo, reiteradamente manifestadas ya.

Desde el Gobierno de Felipe González se están oyendo, en las últimas semanas, voces que desde posiciones electoralistas e interesadas esgrimen el peligro de segregación territorial de España. Para quienes creemos profundamente en España y en un Estado profundamente descentralizado, moderno, con racionalidad administrativa y eficaz, esas palabras nos recuerdan la voz del miedo de un poder que se ve débil y en peligro de supervivencia. En cualquier caso, me parece necesario preguntarse cómo se contribuye más a la unidad de España en este final de siglo, si desde el conservadurismo centralista o desde la auténtica descentralización política del Estado.