Prueba de fuego

UNA DE las reglas más sagradas del Estado de derecho es la que prevé que toda persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio imparcial y a la defensa por un abogado de su elección; sólo si no se lo puede pagar, el Estado provee uno de oficio. El juicio que empieza hoy en Guinea Ecuatorial contra los ciudadanos españoles Salvador Vilarrasa y Santiago Hanna tiene, según estas reglas, un vicio de origen absoluto: las autoridades ecuatoguineanas han impedido a Juan María Bandrés acceder al país para asumir la defensa de los acusados. A cambio, les ofrecieron ser defendidos por un letrado de oficio local, lo cual, considerando lo que el presidente-dictador Obiang tiene por costumbre hacer con quienes se oponen a sus deseos, era casi una garantía de condena para los ciudadanos españoles. El cónsul general de España en Bata ha conseguido al menos que la defensa sea asumida por un abogado no de oficio.El ridículo crimen de que se les acusa es el de "tráfico de armas con evidente intención de atentar contra Obiang" (o, en el mejor de los supuestos, de atentar "contra la seguridad exterior del Estado"), cuando se trata en realidad de la compra de unos vehículos militares de desecho para servicio de la explotación maderera de los acusados y por valor de 350.000 pesetas. El asunto produciría risa si no fuera por la posibilidad real de una condena.

Recientemente, Teodoro Obiang ha anunciado el inicio del proceso democratizador que todos le reclaman. Pero, a la luz de cómo está tratando el tema que nos ocupa, es justo dudar de sus intenciones liberalizadoras. Las tiñe además de antagonismo respecto de la antigua metrópoli, España. La más elemental imparcialidad jurídica debería hacer que tales actitudes quedaran fuera del caso, sobre todo si Obiang, como es lícito sospechar, las utiliza como moneda de cambio para evitar que España actúe de veladora de los derechos de la oposición en el proceso. El Gobierno español debe seguir atentamente el desarrollo del juicio y actuar en consecuencia y con la severidad que ha estado generalmente ausente de sus tolerantes relaciones con el régimen de Malabo.