Vergüenza administrativa

En 1988 terminé la carrera de medicina en Universidad Autónoma de Barcelona. Al pagar los derechos del título a la administración de la universidad, se nos comunicó que dicho título tardaría alrededor de medio año en tramitarse. Pasó el medio año, y han pasado cuatro años hasta que se ha expedido el título. La tardanza se ha debido a que el sistema de trámite ya no es manual, sino por ordenador. Tal sistema debiera ser rapidísimo, pero primero había que ponerse de acuerdo en toda España para utilizar "códigos homólogos". Al parecer, llegar a un acuerdo ha sido el problema.Durante estos cuatro años hemos presentado el resguardo del título cuando se nos ha pedido documentación para acceder a un puesto de trabajo como médico. Esto no ha sido un problema en España, pero algunos de nosotros ha tomado la alternativa de formarse como médico especialista en el extranjero, y esto ya no ha sido tan fácil. Aunque existen acuerdos entre España y otros países (como los de la CE) para la aceptación del resguardo como documento alternativo al título, ha sido enojoso justificar una tardanza de cuatro años para la expedición de un título universitario. Esto ha supuesto, por ejemplo, la pérdida de una residencia de cirugía en Inglaterra, o la imposibilidad de acceder a la formación como especialista en Suecia tras siete meses de intentar la convalidación del título en este país.

Aparte de todos estos trastornos, cuando el título ha sido expedido, se nos ha exigido recogerlo personalmente, lo cual resulta bastante complicado (y caro) cuando uno trabaja a unos 2.500 kilómetros de la universidad en cuestión, como es mi caso. Cuando uno consigue venir a reunirse con la familia, suele ser período de vacaciones y la universidad permanece cerrada. La alternativa a personarse en la universidad es tramitar una autorización notarial para que otra persona lo recogiera. Esto supone un engorroso trámite a través de un notario y el coste es de unas 5.000 pesetas.

Al intentar entrevistarme con la persona responsable de la expedición del título en las ocasiones que he estado en España, ha sido imposible saber a quién dirigirme, ya que se trata de un colectivo formado por los rectores de las universidades españolas y el ministro de Educación, de los que no se puede esperar que respondan a una carta en la que se les pidan explicaciones. Conclusión: uno se encuentra no sólo con los problemas provocados por la desidia (por no llamarla otra cosa) de la Universidad, sino que recibe el castigo adicional de tener que conseguir trámites extraordinarios y pagar por ellos (o bien viaje especial a España o bien el poder notarial nombrado). Ya que no he llegado a identificar al responsable de esta negligencia, lo menos que se me ocurre hacer es dar a conocer esta vergüenza administrativa a la opinión pública a través de esta carta-