El Gobierno de Guatemala acepta la formación de una comisión de derechos humanos

El proceso de paz en Guatemala entre el Gobierno y la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG), estancado desde agosto pasado, empieza a reanudarse. El Gobierno aceptó el sábado una propuesta de la guerrilla para formar una comisión que investigue las violaciones de los derechos humanos.

Esta decisión la anunció el jefe de la delegación gubernamental en las conversaciones de paz, Manuel Conde Orellana. Conde añadió que esta intención ha sido comunicada oficialmente al presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, el obispo Rodolfo Quezada Tortifio. Conde matizó, sin embargo, que la puesta en marcha de la comisión está condicionada a la firma de un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla.Conde informó que el Gobierno también ha aceptado firmar con la URNG un compromiso de respeto a los derechos humanos de los combatientes de uno y otro bando que caigan heridos en combate o sean hechos prisioneros.

La interrupción de las conversaciones de paz hace tres meses se debía precisamente al rechazo del Gobierno a participar en una comisión de este tipo, en un país donde las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado en el marco de una guerra civil que dura ya 32 años.

Aunque el Ejército de Guatemala ha reiterado su subordinación al poder civil, la experiencia salvadoreña, donde las violaciones de los derechos humanos han costado la depuración de muchos oficiales, preocupa en las filas castrenses.

Ataque guerrillero

La decisión del Gobierno fue dada a conocer menos de 48 horas después de que un comando de la guerrilla atacara con- fusiles las instalaciones de la finca Santo Tomás, lugar de descanso de los mandatarios guatemaltecos. El presidente, Jorge Serrano, sehabía reunido con líderes sindicales en la finca pocas horas antes del ataque. No se produjeron víctimas. La guerrilla negó ayer su responsabilidad en el hecho. Conde dijo que el incidente no entorpecerá el proceso de paz y atribuyó el ataque a la falta de control de los dirigentes guerrilleros sobre sus tropas.Mientras tanto, diversas organizaciones populares exigieron ante el Congreso la disolución de las llamadas patrullas de autodefensa civil, a las que acusan de múltiples delitos, particularmente de matanzas, en los años ochenta, de comunidades enteras sospechosas de dar cobijo a la guerrilla.

Estas patrullas son vitales para la estrategia antiguerrilla del Ejército, por lo que las Fuerzas Armadas -se niegan a disolverlas sin haber acordado la paz definitiva con la guerrilla.