La fiscalía brasileña pide el procesamiento de Collor

El fiscal general de la República, Arístides Junqueira Alvarenga, se disponía ayer a pedir al Supremo Tribunal Federal de Brasil el procesamiento del presidente Fernando Collor de Mello por los delitos de soborno, cohecho, prevaricación y, probablemente, asociación para delinquir. Junqueira acusará a otras nueve personas, entre ellas el empresario Paulo César Farías y el ex secretario particular del presidente, el abogado Claudio Vieira.

Este procedimiento penal se abre cuando el mandatario brasileño lleva suspendido de sus funciones desde el 9 de septiembre, ya que debe responder también a un juicio político por corrupción.En su alegato, el fiscal, basándose en los resultados de una exhaustiva investigación policial, acusa al presidente suspendido de estar estrechamente vinculado a la organización clandestina montada por Farías para la práctica de cohecho, soborno, extorsión a empresarios y evasión de divisas.

La documentación que Junqueira envía al Supremo Tribunal Federal incluye también lo que la prensa local llamó un "corruptograma", un diagrama que ilustra el flujo de millones de dólares desde 25 empresas, muchas de ellas contratistas de obras públicas, hacia los bolsillos del presidente de la República, previo paso por la organización de Farías.

Una vez la acusación entre en el Supremo Tribunal Federal, su, presidente, Sidney Sánchez, deberá pedir a la Cámara de Diputados una autorización para procesar al mandatario, quien, a pesar de estar separado de su cargo, mantiene el derecho de responder ante un fuero especial.

El juicio político por corrupción continúa desarrollándose en el Senado, donde la posición de Collor es cada vez más frágil. En los medios políticos de Brasilia se considera inevitable la destitución del mandatario. Fuentes parlamentarias señalan que Collor de Mello cuenta apenas con el apoyo de cuatro o cinco de los 81 senadores, y consideran que el juicio político terminará, probablemente, a finales del mes de diciembre.

Mientras tanto, el presidente interino, Itamar Franco -con fama de político intachable, pero gris-, parece dispuesto a dar una abrupta marcha atrás en la política de liberalismo económico que había adoptado Collor de Mello, y prestar más atención en su gestión a los problemas sociales de Brasil. Franco, que considera que el país está "al borde de una convulsión social", ha criticado la prolongada estrategia recesiva de Collor, empeñado en el combate contra la inflación, y ha advertido sobre sus consecuencias en materia de desempleo, que ha aumentado sin cesar, durante los últimos años. "El tejido social puede sufrir problemas gravísimos, puede estallar", advirtió recientemente el presidente interino.

Amplia base parlamentaria

Franco cuenta con la ventaja inicial de una base parlamentaria de amplitud sin precedentes en Brasil, forjada durante la investigación legislativa que condujo al juicio político de Fernando Collor de Mello.El mandatario provisional formó su Gobierno con políticos de todos los partidos importantes, desde el banquero conservador José Eduardo de Andrade Vieira, ministro de Industria y Comercio, hasta el ex candidato comunista a la presidencia de Brasil, Roberto Freire quien hoy es el jefe del grupo parlamentario gubernamental en la Cámara de Diputados.

El nuevo Gobierno intenta, aprovechar este amplio apoyo para poner en marcha una reforma tributaria que le permitiría enjugar el déficit crónico de las cuentas públicas brasileñas. Quiere también acabar con la inflación, que llega al 25% al mes, y poner en marcha nuevos programas sociales. La reforma tributaria, que ya ha suscitado algunas escaramuzas en el seno del Gabinete, consiste básicamente en la adopción de un impuesto a las transacciones financieras, que gravaría todas las operaciones con choques y permitiría recaudar unos 16.000 millones de dólares (alrededor de 1,7 billones de pesetas) al año.