Avales y fiscales

LA JUNTA de Fiscales emitirá el miércoles su dictamen al fiscal general del Estado sobre el llamado caso de los avales de la Generalitat. La fiscalía de Cataluña elaboró un informe en el que resaltaba diversas irregularidades en la concesión de avales a empresas privadas industriales por el Gobierno de Pujol. Calificaba esas actuaciones como incursas en distintos tipos delictivos -algunos, como la supuesta prevaricación, prescritos-, entre los que destacaba la presunta malversación de fondos públicos por un importe cercano a los 2.000 millones de pesetas, y proponía el inicio de actuaciones penales ante el Tribunal Supremo.El conocimiento público de dicho informe suscitó dos reacciones significativas y sorprendentes. Por un lado, el Gobierno de Pujol realizó una solemne descalificación política de la fiscalía catalana. Según él, habría actuado "de forma imprudente y con ánimo político" en su "persecución constante" contra Convergència Democrática. Esquerra Republicana salió en defensa de los fiscales y criticó a Pujol por "envolverse con la bandera dé Cataluña" para eludir responsabilidades. Y los otros grupos de la oposición parlamentaria -Partido Popular, Partit dels Socialistes per Catalunya e Iniciativa per Catalunya-, sin entrar en el asunto jurídico planteado por el ministerio público, recordaron sus antiguas críticas parlamentarias a los avales digitales otorgados a través de la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), basadas en las evidentes y escandalosas irregularidades registradas en su concesión y en el perjuicio que reportaron al Tesoro de la Generalitat.

Poco después, la secretaría técnica de la Fiscalía General emitió otro informe en el que sostenía que si bien no hay delito actualmente perseguible, la actuación del Ejecutivo catalán desprendía un "aroma de corrupción" que debía ser sancionado por el "reproche" de la sociedad.

Algunas de estas reacciones se compadecen mal con las propias de un país normal ante casos de este tipo. No parece que encaje adecuadamente en la separación de poderes propia del Estado de derecho una descalificación global -la imputación de un ánimo persecutorio general- de uno de ellos por un Ejecutivo ante una cuestión litigiosa concreta. ¿Puede el ministerio público realizar adecuadamente su labor ante presiones políticas que inducen a una cierta cruzada? Tampoco es de recibo que el documento de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado contenga apreciaciones sobre el perfume de los asuntos: su labor consiste en apreciar indicios de delito o no apreciarlos. Todo lo demás es asunto de la sociedad o del Parlamento. ¿Acaso cualquier apreciación fiscal que desborde su propio ámbito no conlleva una cierta indefensión de las personas, mellando, siquiera sea subrepticiamente, la presunción de inocencia?

De modo que, en todo país institucionalmente maduro, lo que cabría esperar de la fiscalía sería una evaluación jurídica de actos jurídicos concretos, independientemente de que éstos hayan corrido a cargo de funcionarios públicos o políticos en ejercicio, de una u otra filiación ideológica. Y que dicha evaluación conllevara la necesaria credibilidad social, lo que nada tiene que ver con juicios paralelos, linchamientos morales o presunciones de culpabilidad.

Sin embargó, la judicialización de la vida pública española, a la que tanto han contribuido los propios partidos políticos, no permite abrigar demasiado optimismo al respecto. Porque, en caso de que el fiscal general decidiese emprender acciones judiciales, automáticamente se recordaría el origen de su nombramiento y su visión bastante gubernamentalizada del ministerio fiscal. Y, en caso de que dé carpetazo al asunto -lo que parece más probable a tenor de sus conocidas opiniones sobre la lucha contra la corrupción-, se aducirá que su decisión está también impregnada de auspicios políticos: no echar leña a este tipo de asuntos, no obstaculizar el clima de entendimiento entre los socialistas y los nacionalistas catalanes.