Bono no autoriza la Incineradora de Almadén

El Gobierno de Castilla-La Mancha decidió ayer no autorizar la construcción de la incineradora de residuos tóxicos y peligrosos de Almadén (Ciudad Real). El informe sobre impacto ambiental realizado por la Consejería de Industria considera desfavorable los efectos ambientales de la ejecución de esta planta. El consejero José Luis Ros ha explicado que el proyecto es inviable, ya que las emisiones a la atmósfera superan con mucho los límites recomendados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para este tipo de instalaciones.

La declaración del Gobierno autónomo explica que las características técnicas de la planta iban a dar lugar a un volumen de subproductos de explotación muy elevado, que exigiría su almacenamiento en grandes depósitos de seguridad, con el consiguiente efecto negativo añadido para el entorno natural. La decisión supone un duro revés para las previsiones del Gobierno central, que ahora está elaborando un nuevo Plan Nacional de Residuos Industriales y que contaba con este lugar como uno de los cuatro donde construir incineradoras. Desde el MOPT, se ha dicho en repetidas ocasiones que la oposición a abrir estas incineradoras -no hay ninguna en España- puede llevar al país al colapso ecológico con dos millones de toneladas que no reciben tratamiento.Bórrell daba ya por prácticamente seguras las instalaciones de Almadén y Medina Sidonia. Sin embargo, Ros se ha mostrado contundente a la hora de señalar que desde Castilla-La Mancha no se va a ofrecer ningún otro lugar como alternativa a Almadén: "Yo respeto las declaraciones que ha podido hacer el ministro Borrell, pero en definitiva al que le corresponde dar una autorización es a la Consejería de Industria". Ros cree que, "considerando el criterio del plan nacional de implantar las unidades de gestión lo más cercanas posible al jugar donde se generen los residuos, no se justifica la incineradora en Almadén".

Un portavoz del Ministerio de Obras Públicas y Transportes dijo ayer que por el momento "no hay nada que decir". Trialsa -la empresa encargada del proyecto de la incineradora- recibió ayer mismo una encuesta realizada esta misma semana en el municipio de Almadén, en la que se señala que el 47% de los entrevistados estaba a favor de esta planta, el 40,3% en contra.

Jorge Villasana, presidente de la multinacional Waste Management en España, una de las accionistas de Trialsa, anunció que va a recurrir esta decisión y dijo que ve muy negro el futuro de España por una oposición que considera kamikaze a las incineradoras. "¿Quién va a venir a invertir aquí si la CE exige el tratamiento de los residuos y España no tiene instalaciones? No entiendo cómo pueden decir que se superan los límites de emisiones; hemos presentado la tecnología más avanzada que hay, adaptada a las normativas que está redactando la CE".