El escándalo del 'Padrino' Kanemaru agudiza la crisis del Gobierno en Japón
El Partido Liberal Demócrata (PLD), que gobierna Japón desde hace 37 años, escindido como nunca por las ambiciones personales y sobrado de corrupción e intrigas, atraviesa una de las crisis más graves de su historia. El último escándalo político-financiero arruinó al padrino Shin Kanemaru al descubrirse que el político que decidió el nombre de los tres últimos primeros ministros nipones había cobrado ilegalmente 500 millones de yenes (más de 450 millones de pesetas) de una empresa relacionada con la mafia.
Kanemaru, que recientemente debió dimitir como parlamentario y jefe de la fracción más importante del PLD en el poder desde 1955, afronta ahora un nuevo cargo. De acuerdo con documentos de los fiscales del Estado que investigan las actividades de la empresa de transporte Sagawa Kyubin, el patriarca y otros dirigentes liberales ofrecieron 3.000 millones de yenes (unos 2.800 millones de pesetas) a un grupo ultra para acabar en 1987 con una campaña de hostigamiento político contra Noburu Takeshita, en aquel año candidato a la jefatura del Gobierno."Hemos tomado esta decisión para defender la reputación del partido y de sus miembros", manifestó ayer el secretario general del PLD al anunciar la presentación de una querella contra los fiscales que difundieron la documentación.
Rytimin Oshima, cabecilla de un pequeño grupo ultra llamado Kominto, declaró a la fiscalía encargada del caso que Kanemaru y otros destacados liberales le pidieron que cesara su campaña contra Takeshita, llevada a cabo por las calles de Tokio con una flota de vehículos y altavoces, a cambio de dos cantidades: primero 2.000 millones de yenes y después 3.000 millones. Uno de los mensajeros, según el testimonio difundido por los fiscales, fue el dirigente Yoshiro Mori, y otro, Keizo Obuchi, elegido presidente de la fracción encabezada por Kanemaru.
Rytimin Oshima negó su consentimiento y, según el relato fiscal, respondió: "No hacemos esto por dinero". Al no funcionar el dinero y aconsejado por uno de los directivos de la empresa de transportes, Kanemaru recurrió a la mafia. La campaña cesó y Takeshita fue nombrado primer ministro.
El escándalo, cuyas consecuencias pueden ser más graves que las provocadas por los casos Recruit y Lockheed, ha afectado al propio Gobierno. El primer ministro, Kiichi Miyazawa, apenas si se pudo hacer escuchar ayer en el Parlamento, y las ruidosas expresiones de protesta fueron constantes desde la oposición.
Los socialistas han condicionado su colaboración parlamentaria a la comparecencia en la Cámara de testigos considerados clave en la crisis desatada por Sagawa Kyubin, que desembolsó multimillonarios préstamos a mafiosos y políticos con objetivos que se investigan en el proceso. Como primera medida, la oposición se niega a concretar el calendario de sesiones necesario para la aprobación de una ampliación presupuestaria estimada en 16.800 millones de dólares.
Miyazawa subrayó ayer que "los fiscales no están afirmando que las declaraciones sean ciertas. Será el tribunal quien lo decida". Mientras tanto, según la última encuesta de opinión, sólo uno de cada cuatro japoneses aprueba el Gobierno de Miyazawa, y la opinión pública nipona apenas confía en la prometida reforma política, destinada a acabar con un sistema que invita a la corrupción.
