Londres retoma la batalla sobre la subsidiariedad

El Reino Unido seguirá librando su particular batalla sobre la subsidiariedad, la transparencia y la apertura de la Comunidad Europea (CE), tras la ajustada victoria obtenida por el primer ministro, John Major, en su lenta marcha hacia la ratificación del Tratado de Maastricht. El próximo lunes habrá una nueva y posiblemente enconada escaramuza, en la que España tiene todos los números para convertirse en la antagonista de los británicos.Aunque el debate parece versar sobre el sexo de los ángeles europeos, es decir, sobre la subsidiariedad, afecta directamente a la disyuntiva que se abre ante la CE, como una simple zona de libre cambio o como una peculiar federación de Estados.

Los portavoces comunitarios se han felicitado, por supuesto, por esos tres votos que han salvado a Major y a Maastricht en los Comunes. "Es un obstáculo franqueado en la ratificación y por tanto una buena noticia para Europa", han dicho. Nadie se engaña, sin embargo, sobre las dificultades que van a deparar las ocho semanas que quedan de presidencia británica ni sobre la envergadura de los escollos a superar: la propia ratificación en el Reino Unido y en Dinamarca, el presupuesto para 1993, las perspectivas financieras para 1993-1997, con los fondos de cohesión incluidos, y la subsidiariedad, destinada a tranquilizar a los euroescépticos británicos.Voces discordantesEl lunes, el Gobierno británico llevará tres documentos a la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores: uno sobre la subsidiariedad, otro sobre la transparencia y la apertura de la Comunidad y el tercero sobre el paquete Delors II. Los tres han sido elaborados con la pretensión de sintetizar todas las posiciones, "pero han hecho lo que les ha dado la gana y no se han tenido en cuenta las voces discordantes", afirmó una fuente española.

España considera que la presidencia británica está haciendo propuestas minimalistas, destinadas a acentuar la cooperación multilateral entre los Doce y a reducir el papel de la CE como conjunto. El Gobierno español presentará una larga lista de objeciones.

La propuesta más radicalmente europeísta es, sin duda, la de la representación española. Según el Gobierno de Madrid, la subsidiariedad, convertida en un principio jurídico por el Tratado de Maastricht, significa examinar las bases jurídicas de las decisiones en las que la Comunidad y los Estados tienen competencias compartidas, con el fin de justificar en cada caso el protagonismo de la primera o de los segundos en el proceso de la toma de decisiones.