La larga trama que nació en Calabria
Responsables de la investigación que culminó ayer con la detención de cerca de 40 personas en Andalucía, pertenecientes a esta red de tráfico de. hachís implantada en España por la Mafia calabresa, destacaban el hecho de que, por primera vez, dos jueces de la Audiencia Nacional, en este caso Baltasar Garzón y Carlos Bueren, habían sabido aunar esfuerzos para dirigir conjuntamente una operación de estas características.Las pesquisas de Garzón sobre esta red tuvieron como eje la trama denominada Mufa, a la que el SVA capturó un barco en aguas de Barbate (Cádiz) que transportaba 10.000 kilos de hachís, el pasado 25 de noviembre. Garzón tiró del hilo y detuvo a una veintena de personas, pero no alcanzó al financiador último de la operación. En abril, tras una investigación de la Guardia Civil, Bueren arremetía contra esta misma red, y detenía a 18 de sus integrantes, incluidos cuatro guardias, entre ellos el teniente de El Puerto de Santa María.
'Capo' de la mafia
En agosto pasado, Garzón volvía a escena con la captura de otros 15 miembros de la red, dispersos por Andalucía y Portugal. En la localidad portuguesa de Vilamoura caía el máximo responsable de la organización, que en varias ocasiones había eludido el cerco judicial y policial: Emilio di Giovine, capo de la mafia, que a las órdenes de su madre, detenida en Milán entonces, movía todos los hilos de esta poderosa organización en España.
La organización basó su impunidad en el soborno de funcionarios de la policía y la Guardia Civil. En la primera fase de la Operación Pitón, se acreditó que la mafia entregó al ya detenido Jaime González García, el Manco de Bellavista, 68 millones de pesetas para comprar a cinco guardias civiles. En esta ocasión, parece que los pagadores detenidos son dos familiares apellidados Verdún. Garzón, en su día, ya capturó a otro sobornador, Alfonso Monge, Cazoleta. En esta operación se han intervenido abundantes documentos que podrían servir como base para acreditar cuantiosas operaciones de blanqueo de la red.
Si en la primera redada de la Operación Pitón se desarticuló al grupo de guardias que protegía los desembarcos de toneladas de hachís en El Puerto de Santa María, ahora se ha reventado el núcleo de guardias y policías que daba cobertura a la recepción de alijos en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Sevilla. Este área de la margen derecha del Guadalquivir, bajo protección de agentes corruptos, tenía como responsable al sargento Ramírez, según fuentes de la investigación. Los agentes fueron los primeros en ser detenidos para evitar filtraciones.
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