Ex altos cargos de la Junta achacan al botulismo la muerte de aves en Doñana

La defensa de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados por la muerte, en 1986, de entre 20.000 y 25.000 aves en el entorno del parque de Doñana sostuvo ayer que la catástrofe ecológica fue provocada por un brote de botulismo. Como prueba, aportó el dictamen emitido en abril por un comité de expertos que analizó las posibilidades de desarrollo del parque. El juicio comenzó ayer con la petición del letrado de la Junta de que se considerase nula la responsabilidad civil subsidiaria que le imputan a la comunidad autónoma las acusaciones pública y privada.

La expectación que el juicio por delito ecológico más importante de los celebrados en España había despertado en Sevilla se acabó tan pronto como co menzó la vista. Ni los arroceros procesados ni el centenar de personas que acudieron a la Audiencia sevillana acertaban a comprender las numerosas cuestiones previas en su mayoría, presentación -de nuevas pruebas documentales y testificales y peticiones de nulidad de actuaciones- que interpusieron los abogados de la defensa de las 34 personas procesadas por la mortandad de miles de aves ocurrida el verano de 1986. Además, la pésimas condiciones acústicas de la sala hicieron casi imposible oir el relato de los hechos y de las acusaciones.Los ex responsables autonómicos para los que la acusación particular pide un año de prisión (lo mismo que para los arroceros encausados) son Antonio González Tanago y Juan Ignacio Caballero, que eran entonces director general de Agricultura y jefe del servicio de protección vegetal, respectivamente.

La duda y la incertidumbre se incrementaron sobremanera por dos de las cuestiones planteadas. La duda, por la petición del defensor de los altos cargos públicos procesados, Francisco Baena Bocanegra, para que se incluyera en- la causa como prueba el dictamen Estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Doñana, encargado por la propia Junta. "¿Qué tendrá que ver esto con la muerte de los patos?", se preguntaban muchos de los asistentes.

La segunda cuestión planteada por el letrado de la Junta, José María Monzón Ristori, pretendía que se declarase nula la imputación de responsable civil subsidiario a la comunidad autónoma, alegando la "indefensión" sufrida por la Administración regional, o, en su caso, que se decretasen nulas las actuaciones, se suspendiera la vista y se devolviese el caso al juez instructor por los defectos formales detectados y que retrasaron el juicio durante seis años.

Esta segunda cuestión, que, fue apoyada por los cuatro abogados sobre los que recae la defensa del caso, fue rechazada por el magistrado Francisco Gutiérrez López, encargado de dictar el fallo del proceso.

Por su parte, la primera cuestión, admitida, trata de afianzar la tesis de que la mortandad de aves se debió a un brote de botulismo y no a la ingestión de un pesticida utilizado por los arroceros para combatir la plaga del gusano rojo, cuyo nombre se ha hecho famoso ya en las marismas, el Folidol M-35, un compuesto organofósfórado de metil-paratión. Sobre la presentación de esta prueba, Baena Bocanegra sólo precisó ayer: "Mi interés es demostrar la verdad hatural. Y yo creo que la muerte de los patos no fue causada por pesticidas ni por nada que se le parezca". Baena reforzaba esta tesis, que también mantienen los arroceros, con la presentación como prueba del dictamen sobre Doñana, publicado en abril.

Brote botulímico

La comisión de expertos que analizó la situación socioeconómica de Doñana y su entorno para emitir un dictamen sobre las estrategias que permitirían el desarrollo de la zona dice en su página 56: "La mortandad aguda de aves de 1986 fue debida a un brote botulímico, como en el año 1973, y como otros menores que se reproducen casi todos los años en el verano con intensidad menor. La contaminación de las aguas del Guadalquivir es importante, pero, en general, no entran en el parque".El juicio prosiguió con la declaración de tres de los 30 arroceros procesados: Francisco Chaqués, Juan Girona Magraner y Rafael Carbo Llopis. Todos ellos aseguraron que compraron el producto sin saber su nombre ni que estaba prohibido su uso en zonas húmedas. Aseguraron que lo utilizaron en la segunda quincena de mayo, como labor habitual en sus cultivos cuando el arroz comienza a brotar y se ve perjudicado por la acción del gusano rojo. Añadieron que no vieron aves muertas en los arrozales ni nadie les mostró quejas.

Los arroceros se indignaron por la acusación que pesa sobre ellos, aseguraron que son más ecologistas que quienes les acusan y criticaron la politización de¡ caso. "Llevo 41 años viviendo en las marismas y criándome con los patos", contestó Francisco Chaqués a una pregunta del defensor de los comerciantes. El juicio durará un mes.