Los bancos tendrán que denunciar las operaciones sospechosas de blanqueo bajo amenaza de cárcel
Los bancos y otras entidades de crédito tendrán la obligación de dar cuenta a las autoridades de las operaciones que resulten sospechosas de encubrir un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según el proyecto de reforma del vigente Código Penal. Este proyecto castiga con penas de hasta seis años de cárcel tanto a los blanqueadores como a quienes encubran sus actividades. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, destacó ayer en el Congreso que es la primera vez que se tipifica el blanqueo de dinero, lo que supone "atacar las redes del narcotráfico en su punto más sensible, las fortunas alcanzadas con esa actividad".
La reforma de determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptar ambos textos legales a la Convención de Viena de 1988 obedece a la necesidad de anticipar la regulación del blanqueo de dinero y de las entregas vigiladas de estupefacientes para cumplir los plazos previstos, sin esperar a la promulgación del nuevo Código Penal. El rechazo ayer de una enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular (PP) da vía libre a la tramitación del proyecto de ley.De la Quadra-Salcedo destacó que el actual Código Penal cubre sólo en parte la figura del blanqueo a través de delito de receptación, mientras que ahora estas conductas quedan castigadas específicamente. Según el ministro, la mayor dificultad estriba en que no se pueden inspeccionar las operaciones bancarias de todo el mundo para ver si surge una operación sospechosa. "Por eso, hay ya un catálogo de operaciones sospechosas en las que la banca tendrá la obligación de comunicar a la fiscalía antidroga, al juez y al Banco de España, la existencia de esas operaciones", explicó.
En la actualidad, cuando un juez investiga un posible caso de blanqueo puede pedir a los bancos que descubran las operaciones de las cuentas sospechosas y si los propios bancos observan alguna, deben ponerlo en conocimiento del fiscal. "Pero eso no forma parte más que de la obligación genérica de denunciar cualquier delito" añadió Quadra-Salcedo. Ahora, los bancos tendrán la obligación de dar cuenta de las operaciones sospechosas contenidas en ese catálogo ya que el tipo penal que castiga esa omisión de denunciar con hasta seis años de cárcel y hasta 100 millones de pesetas de multa "no hace distinciones ni excluye a nadie", dijo Quadra-Salcedo.
Entregas vigiladas
El titular de Justicia también abordó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para autorizar entregas vigiladas de drogas. El proyecto de ley establece que el juez, el fiscal y los mandos de la policía judicial podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes u otras sustancias prohibidas con el fin de descubrir o identificar a los narcotraficantes.
Para las entregas vigiladas se tendrá en cuenta "su necesidad a los fines de la investigación, en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia". El recurso a la entrega vigilada "se hará caso por caso" y en el plano internacional se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales.
Otra de las modificaciones previstas castiga la fabricación, transporte y distribución de los denominados precursores o equipos, materiales y sustancias -como el éter o la xilocaína- indispensables para la producción de estupefacientes y psicotrópicos. La posesión de estos equipos y el cultivo de estupefacientes se sancionarán con hasta seis años de cárcel y de uno a 100 millones de pesetas.
El pleno del Congreso rechazó una enmienda a la totalidad del Grupo Popular que pretendía introducir -"de matute", según el diputado socialista Carlos López Riaño- la criminalización de la tenencia de drogas para el consumo personal, así como el cumplimiento íntegro por los narcotraficantes de las condenas que se les impongan.
Según De la Quadra-Salcedo, el Ejecutivo prefiere esperar al debate del nuevo Código Penal a fin de lograr el mayor consenso posible sobre el cumplimiento íntegro de penas por los narcotraficantes. La enmienda fue rechazada por 174 votos de todos los grupos parlamentarios frente a los 82 del Partido Popular.
