Desaparece el veto a los procesados para contratar con la Administración

La nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permitirá a los procesados o encausados por delitos de corrupción seguir contratando con la Administración, en tanto no sean condenados en. firme. La vieja Ley de Contratos de¡ Estado de 1965 sí incluía a los procesados en la prohibición y lo mismo se hizo en la ampliación de supuestos que introdujo la reforma de junio` de 1990. El derecho constitucional a la presunción de inocencia ha llevado al Gobierno a concretar la prohibición sólo para los condenados en firme, es decir, con sentencia sin posible recurso.

La nueva ley que acaba de anunciar el Gobierno reemplazará, cuando esté en vigor, a la de 1965 que, en su artículo 9, ya introdujo como causas de prohibición de contratar con la Administración "haber sido condenado mediante sentencia firme o estar procesados por delitos de falsedad o contra la propiedad".En junio de 1990 se modificó este artículo, a través de la Ley de Presupuestos del Estado y se amplió la prohibición a los condenados o procesados. por delitos de "cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada".

Enrique Martínez Robles, subsecretario de Economía y Hacienda, declaró ayer que el proyecto del Gobierno "respeta la presunción constitucional de inocencia" y suprime la barrera para procesados o encausados por delitos que pueden englobarse bajo la rúbrica general de corrupción. El subsecretario recordó que el presidente del Gobierno, Felipe González, cuando ofreció en marzo, en el debate del estado de la nación, las medidas contra la corrupción se refirió a prohibir la contratación con los que hubiesen participado "en un acto irregular judicialmente probado".

Según Martínez, el proyecto no tiene su punto más importante en el artículo 19, que recoge estas prohibiciones, sino que 11 sistematiza mucho mejor normas dispersas y añade garantías en todo el proceso de contratación". El PSOE pretende dar cumplimiento antes del final de esta legislatura a la propuesta de González formulada en marzo, para dificultar las posibilidades de corrupción en la Administración y en los partidos. Una vez aprobada por el Gobierno la nueva ley se reanudarán, en breve, las conversaciones entre PSOE, CiU y PNV para intentar una reducción drástica de los gastos electorales. Asimismo, el PSOE se muestra receptivo a la propuesta de CiU de permitir la financiación privada de los partidos.

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, dijo ayer que era "fáctible" llegar a un pacto con el resto de los partidos para reducir considerablemente los gastos electorales antes de las próximas elecciones, informa Europa Press.