El procurador general de Brasil acusa al presidente Collor de delitos comunes
La tempestad política que se abate sobre Brasil cobró nuevos bríos después de que el procurador general de la república, Arístides Junqueira, decidiera acusar al presidente Fernando Collor de Mello ante el Tribunal Supremo Federal por delitos comunes.
El mandatario brasileño, quien ya se enfrenta a la amenaza de un juicio político por "violación del decoro debido al cargo" ha sido informado de que ahora también puede ser procesado por los delitos de cohecho, asociación para delinquir y falsificación de documento, según informaron ayer fuentes periodísticas.El procurador de la república acusa a Collor de Mello de cohecho por depósitos bancarios realizados por fantasmas (personas que utilizan identidad falsa en los bancos) y la compra de un automóvil Fiat, presumiblemente como pago de favores, con un cheque falso.
La acusación de asociación para delinquir se apoya en datos hallados en un disco de ordenador que demostrarían que Collor era socio de la organización criminal formada y dirigida por su ex tesorero, el empresario Paulo César Farías.
El mandatario brasileño firmó como garante el contrato de un supuesto préstamo de cinco millones de dólares, que habría sido otorgado en Uruguay. La Oficina de Rentas y la Policía Federal brasileña descubrieron que el préstamo no se realizó en la fecha declarada y sospechan que se trate de una operación de lavado de dólares ideada para justificar los gastos millonarios de la fastuosa vida de Collor de Mello en Brasilia.
El proceso por delitos comunes resulta mucho más peligroso para el presidente que el juicio político, informó un analista del Gobierno, citado ayer por el diario Jornal do Brasil, que informó de la decisión de Junqueira.
Mientras el jefe de Estado intenta escapar de la doble amenaza de destitución, un silencioso movimiento de desobediencia civil golpea al Gobierno en su zona más sensible: el Tesoro. Crece sin cesar el número de empresas que se niegan a pagar impuestos, y los juicios planteados al Estado contra el pago de tributos ya equivalen a 4.000 millones de dólares.
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