Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Menos aspirinas

LA INTENCIÓN del Ministerio de Sanidad de poner al día los precios de los medicamentos de los enfermos crónicos, así como la retirada de determinados fármacos menores de la lista de los sufragados por la Seguridad Social, y, lo más importante, la revisión anual de los que se financian en función de su eficacia y precio, corresponde a unos criterios de racionalización del gasto farmacéutico que ya aplican, o están a punto de hacerlo, los principales países europeos. El objetivo es contener el crecimiento de un gasto que ya asciende en España a casi medio billón de pesetas y representa entre el 18% y el 20% del gasto sanitario total. Este porcentaje es el tercero mayor de Europa.En contrapartida, cada vez es menor la aportación global del beneficiario al gasto farmacéutico público, que ha pasado de suponer el 17% en 1980 al 10,95% en 1991. La explicación está en tres hechos: el incremento de la población pensionista que no paga nada y que representa el 70% del gasto público en medicamentos; la congelación desde 1966 de la aportación de los fármacos para crónicos, cada vez más consumidos, y el aumento también del precio de los modernos medicamentos por el coste tecnológico. Con el nuevo decreto, el seguro dejará de pagar las vitaminas, antigripales, productos dermatológicos y laxantes entre otros, como ya sucede en la mayoría de los países europeos. La cantidad máxima que pagan los enfermos crónicos se actualiza de 50 a 640 pesetas, pero, dado el precio protegido de estos fármacos, no supondrá un desembolso superior a las 400 pesetas mensuales.

Desde el momento en que en España, el Estado paga todos los medicamentos que registra, ni por la Industria, ni por el médico o el consumidor se establece competencia. Mejor dicho, ésta tiende a plantearse no en el terreno de la calidad, sino en el de la persuasión: publicidad, visitadores médicos, etcétera. Productos cuya fórmula es idéntica se ofrecen bajo distintas etiquetas y a diferentes precios, y las razones por las que se receta uno u otro, en ocasiones, tienen poco que ver con sus efectos terapéuticos. Existen productos cuyo coste depende en un 70% o más de esos gastos de persuasión. El ministerio pretende incluir un factor de competencia que racionalice la oferta mediante la revisión anual de la lista de medicamentos sufragados y la inclusión de aquellos que, con igual eficacia terapéutica, sean más baratos.

La industria farmacéutica alega que esta medida repercutirá en la investigación y dejará al sector en total indefensión. Es verdad que en un país donde existe poca investigación privada, la industria farmacéutica participa en mayor medida, con una inversión anual de 18.500 millones de pesetas. Pero también es verdad que por cada cinco pesetas que invierte este sector en investigación, destina 30 a publicidad. Parece sensato pensar que los precios podrían bajar a costa de otras partidas que no fueran la investigación.

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El ministerio ha dejado claro que no tiene intención de modificar lo que ahora aportan en la cuenta de la farmacia -el 40%- los beneficiarios activos de la Seguridad Social, ni la gratuidad para los pensionistas. La Administración deberá garantizar que esos medicamentos que está dispuesta a pagar en función de su rentabilidad cumplen con el servicio terapéutico que demanda la defensa de la salud en un país desarrollado. De lo que se trata es de racionalizar el uso de un dinero que es de todos y no de rebajar la calidad del servicio o interferir en la libertad de prescripción del médico. En esa vía todavía puede avanzarse bastante: no tiene sentido, por ejemplo, que si un paciente necesita 15 píldoras se le expendan 30 o 40, las que quepan en el recipiente: en países más ricos que el nuestro, hace años que ese derroche fue suprimido, evitando de paso los riesgos asociados a la existencia de almacenes de restos de medicinas en los hogares.

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