Tráfico y encubrimiento

EL PROCESAMIENTO de Henri Emmanuelli, presidente de la Asamblea Nacional francesa (y, por tanto, la tercera jerarquía del Estado) y uno de los principales dirigentes del Partido Socialista, ha estallado como una bomba cuando la campaña para el referéndum del próximo domingo sobre el Tratado de Maastricht está en su punto más caliente. En realidad, el juez Van Ruymbeke había propuesto aplazar la comparecencia hasta después de la consulta electoral. Pero el propio Emmanuelli se negó a ello, pensando sin duda que sus explicaciones bastarían para dejarle fuera de la causa. No ha sido así. Ha salido del Palacio de Justicia de Rennes como acusado de un delito de "complicidad y encubrimiento de tráfico de influencias".El asunto tiene una historia larga y desborda ampliamente a la persona de Emmanuelli. Lo que la justicia ha puesto al descubierto, al parecer con pruebas muy serias, es un sistema de financiación que el Partido Socialista tenía montado con una sociedad de estudios", la cual cobraba una comisión a las empresas que querían recibir contratas de obras o compras de los ayuntamientos socialistas. El jefe del Gobierno francés, Pierre Bérégovoy, ha declarado ante la inculpación de Emmanuelli que éste., como tesorero del Partido Socialista (cargo que ocupó de 1988 a enero de 1992), "había teni

do que recibir ciertos donativos", si bien su honestidad personal no estaba en cuestión. El problema para la justicia es saber si "esos donativos" eran dinero negro procedente de un tráfico de influencias ilegal, no si Henri Emmanuelli se enriqueció personalmente con ellos.El caso Emmanuelli pone sobre el tapete un problema que no es exclusivo de Francia. La denuncia por la Magistratura de Milán de las llamadas tangentes -que ha provocado incluso el suicidio de varias personas implicadas- demuestra que la financiación de no pocos partidos políticos en Europa se hace por el método de cobrar comisiones, de una u otra manera, a las empresas a las que se conceden obras por parte de municipios o de otros órganos del poder público. Durante mucho tiempo, ese sistema ha funcionado con una complicidad muy generalizada: todo el mundo lo sabía, nadie hablaba de ello.

Poner fin a esa impunidad, que representa en sí misma un gravísimo atentado a la democracia como sistema de gobierno, es absolutamente necesario. Por tanto, los pasos que conducen a esclarecer tales asuntos son positivos, aunque en ciertos casos puedan ser utilizados para maniobras políticas de signo reaccionario. Concretamente, cabe esperar que en Francia el caso Emmanuelli no sea utilizado por los partidarios del no a Maastricht: la pregunta del referéndum se refiere a la unidad europea, y no a temas partidistas.

Sin embargo, la receta para acabar con esas formas espurias de financiación de los partidos no parece haberse encontrado aún. La idea más radical en ese orden es la del socialista italiano Claudio Martelli, que preconiza para Italia un cambio total del sistema electoral y del carácter de los partidos, acabando con los aparatos pesados y los grandes gastos, retornando a los distritos unipersonales y a partidos ligeros, dedicados exclusivamente a contrastar sus opciones y programas políticos ante los electores.