El juez archiva las actuaciones sobre una red de datos informáticos
El juez de instrucción número 2 de Móstoles, Gregorio del Portillo, ha archivado en un auto las actuaciones contra Joaquín González, propietario de Publigest, y otros presuntos implicados en una supuesta red de compraventa de datos informáticos.EI juez sólo aprecia un posible delito de cohecho que González podría haber cometido por sus gestiones con una funcionaria de la Junta de Andalucía para conseguir de otro funcionario la relación de vehículos matriculados en la región. Sin embargo, Del Portillo remite el supuesto al juzgado competente de Sevilla.
La empresa Publigest recopilaba "datos de personas y empresas", relata el auto, los cuales el juez estima que "no son secretos, en el sentido de que afecten a la esfera íntima de la persona". El auto judicial señala que los datos procedían de la compra-venta con otras empresas del sector, y de listados proporcionados por partidos políticos, sindicatos, Seguridad Social y ayuntamientos. La información se obtenía también "mediante solicitud directa a. los organismos o funcionarios públicos" aunque el juez no ve indicios de que los funcionarios recibiesen dinero por ellos.
Miguel Moreiras, juez de delitos monetarios ante la Audiencia Nacional, impuso diversas fianzas a los implicados antes de inhibirse.
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