El Partido Popular y el CDS recurrirán la constitucionalidad de la subida del IRPF
Las críticas a la posible inconstitucionalidad del aumento del IRPF llegarán hoy al Parlamento. El Partido Popular, como primer grupo de la oposición, ya ha decidido presentar en septiembre un recurso de inconstitucionalidad al decreto. Esta iniciativa será seguida por el CDS, grupo que intentará además promover un recurso conjunto de todos los partidos de la oposición.El PP defenderá un ajuste basado en el recorte del gasto y la supresión de 5.400 altos cargos y 40 organismos públicos, entre ellos los ministerios de Asuntos Sociales, del Portavoz del Gobierno y de Cultura.
Todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE se opondrán hoy en el Congreso al decreto-ley de ajuste fiscal que aprobó el pasado martes el Gobierno. El motivo de fondo del debate de hoy es que no consideran que estas medidas sean eficaces ni para la lucha contra el déficit ni para combatir la crisis económica.Además, el principal grupo de la oposición, el Partido Popular anunció ayer que en septiembre presentará un recurso de inconstitucionalidad al aumento del IRPF para este año. El CDS, al no contar con suficientes parlamentarios para liderar una iniciativa de este tipo, se dirigió ayer por carta a todos los grupos con el objetivo de promover un recurso de inconstitucionalidad conjunto e toda la oposición.
Convergència i Unió no centrará sus críticas en este aspecto, precisamente por no contar con el número suficiente de diputados, pero estudiará una propuesta en este sentido si algún grupo mayoritario le invita a ello. El Partido Nacionalista Vasco, por su parte, considera que la cuestión no es la constitucionalidad o no de la medida sino "si es justa y equitativa", según el diputado Emilio Olabarría. En su opinión, la subida de la tarifa "convierte al contribuyente en el pagano de un gasto desaforado y de unas malas previsiones presupuestarias".
El secretario general de Iniciativa per Catalunya (socios de IU), Rafael Ribó, también ha señalado la posible inconstitucionalidad del decreto-ley aunque aún no hay una posición conjunta del grupo. El catedrático de derecho fiscal de la Universidad de Sevilla, Fernando Pérez Royo, ofreció ayer un nuevo motivo para esa hipotética inconstitucionalidad. Junto a los problemas de retroactividad de grado medio y seguridad jurídica que han analizado otros expertos, Pérez Royo considera que la nueva tarifa del IRPF no puede aprobarse con un decreto sino que requiere una ley.
Junto a esta crítica a la hipotética inconstitucionalidad del decreto, los grupos de la oposición criticarán el acierto y la conveniencia de las medidas. Miquel Roca -hasta ahora defensor de la política de Carlos Solchaga- dirá hoy desde la tribuna que las medidas para el ajuste fiscal ni son eficaces ni son las que necesita la economía española. El diputado de CiU Francesc Horris comentó ayer a este periódico que las medidas "quiebran el contrato del Estado con la sociedad".
Suspensión de pagos
Tanto Convèrgencia como el PNV criticarán también duramente la modificación de la ILT (incapacidad laboral transitoria), que ha levantado ampollas en el seno de la patronal CEOE. Precisamente ayer, Juan Jiménez Aguilar envió una carta a los grupos parlamentarios en la que critica cómo se ha aplicado el recorte del gasto público en ILT en lugar de optar por medidas de mayor inspección".
El PP presentará una crítica más global. Según Rodrigo Rato, el problema es que el Gobierno ha dejado "en suspensión de pagos técnica al Estado". A juicio del PP, el decreto carga todo el peso del ajuste en aumentar los impuestos en lugar de ir a una reducción del gasto público. Según los cálculos del Ministerio de Economía, sin embargo, sólo la tercera parte del ajuste se dirige a los ingresos y las dos terceras partes restantes al gasto.
Rato también recordará al Gobierno el compromiso -adquirido en el plan de convergencia- de reducir el número de organismos públicos. A juicio del PP, sobran 40 organismos públicos y 5.400 altos cargos. Entre los que "sobran" destacan los ministerios de Asuntos Sociales, Portavoz del Gobierno y Cultura. Rato dijo que este último solo sirve para colocar a ex comunistas.
Los populares también criticarán el carácter procícIico del decreto-ley, es decir, su impacto para agravar más la crisis económica en lugar de intentar salir de ella. Los argumentos que esgrimen es que el decreto-ley elevará la inflación reducirá aún más el crecimiento y dificultará la creación de empleo.
Por su parte, dirigentes del grupo socialista confían en que hoy el ministro de Economía haga gala de sus mejores dotes parlamentarias. Están preparados para soportar el chaparrón y apoyar al Gobierno, lo que no es óbice para que piensen que éste es uno de los peores momentos de la legislatura.
