El Estado paga, pero poco
"Estamos en el nivel que corresponde a nuestra renta per cápita, que es más de un 20% más baja que la media europea, lo decisivo es el salto que se ha dado", dice César Galán, director del gabinete de la ministra de Asuntos Sociales. Su titular, Matilde Fernández, resumía hace algunas semanas en el Senado los datos más llamativos de la asistencia social: "Hay siete millones y medio de pensiones (40% más que en 1980); la pensión media es de 48.183 pesetas; las nuevas pensiones mínimas de jubilación se han equiparado al salario mínimo, y más de 1,3 millones de personas perciben prestaciones o subsidios por de sempleo. Setecientas mil personas perciben pensiones no contributivas" (menos de 30.000 pesetas mensuales). Ésas podrían ser las cifras de la economía asistencial española. A ellas hay que añadir los servicios sociales que presta el Estado.La necesidad de ampliar o de reducir esas dimensiones ocupa desde hace tiempo, y actualmente con mayor intensidad, el centro del debate político. El fraude, particularmente en el desempleo, es uno de los capítulos de esa discusión. Lo que no es bien conocido, porque faltan datos, es el grado de cobertura de los mínimos vitales que esos gastos garantizan. La situación de algunos estratos de la población mayor de 65 años y de otros colectivos -parados de larga duración, enfermos crónicos- que ingresan únicamente salarios asistenciales o colectivos marginales realojados es la que más preocupa a los expertos.
Distinta realidad
Según datos del Instituto de Servicios Sociales (Inserso), en 1990 el 6,1% de las personas mayores de 65 años ingresaba menos de 20.000 pesetas al mes; el 17,4%, entre 20.000 y 30.000 pesetas, y el 24,6%, menos de 40.000. Las cifras del Inem concluyen que el 78% de las pensiones de jubilación no llegan a las 50.000 pesetas mensuales. Con las denominaciones al uso, la mayor parte de esas personas son pobres, pues no llegan a la mitad de la renta media del país (unas 550.000 pesetas al año).Pero esa definición no contempla la multiplicidad de situaciones posibles. No vive igual, con idéntica pensión, un jubilado en una zona rural que en una zona urbana. El ahorro, en sus diversas formas, incide en las necesidades de ingresos, la acumulación de pensiones (sobre todo en el caso de una pareja de jubilados, que no son más que el 15% del total, dada la baja tasa de actividad de la mujer en el pasado), las ayudas externas y otros conceptos modifican sustancialmente la apreciación general.
"La situación más precaria es la de los ancianos que viven solos", dice el citado informe del Inserso. Y una encuesta del CIS de abril de 1990 asegura que el 19% de las personas de más de 65 años se encuentra en esa situación. Es decir, cerca de 970.000 sobre un total de 5.100.000. No todas pasan dificultades, pero el porcentaje de personas de más de 65 años tiende a crecer. Si en 1990 era el 11% de la población total, dentro de 15 años debería alcanzar el 16%.
Rosario Quesada es la jefa de asistentes sociales del distrito madrileño de Salamanca, uno de los más acomodados de la ciudad, aunque también incluya barrios de menor nivel de vida medio. "En nuestro departamento hay cerca de 2.000 expedientes abiertos, es decir, casos extremos. La mayor parte de ellos, y los más graves, son de ancianos a quienes no alcanza la pensión, enfermos, dementes seniles, casi siempre como resultado de la soledad. La solución está en las residencias. Pero hay pocas públicas, y las privadas o son malísimas -de las 14 que hay en nuestro, distrito habría que cerrar seis o siete- o son muy caras, sólo a partir de 140.000 o 150.000 pesetas empiezan a estar bien. El anciano sólo puede poner unas 30.000. Recibimos ayudas del Inserso, pero no bastan". Según datos oficiales, hay 104.000 plazas en residencias para ancianos.
Sobre una media de 100 para el conjunto de los países de la CEE en 1988, los gastos de protección social para la vejez por persona en España equivalían a 64 puntos: en Italia llegaban a 147, en Francia a 141, en Alemania y el Reino Unido a 102. Son datos elaborados por el economista J. Barea.
El de María García es un ejemplo de equilibrio económico en el límite. Por debajo de su situación -económica, física, psíquica, de vivienda- se tiene que pasar muy mal. Tiene 66 años. Es viuda de un albañil desde 1964. Vive en el barrio madrileño de Usera, en la casa que compró su marido. "Con los muebles de entonces, pero buenos son". Cobra 45.000 pesetas mensuales de pensión: "Desde el año pasado, antes sólo me daban 23.570".
Hasta hace poco cuidaba a una señora: 18.000 pesetas al mes. Ahora está "algo enferma" y no puede hacerlo. Tiene problemas circulatorios y la tuvieron que ingresar: "Pasé un mal rato porque no pude encontrar a ninguno de mis hijos". Uno de ellos es delineante. El otro, calefactor. "No pueden ayudarme, bastante tienen con sus críos". Con los gastos de comunidad, luz (sobre todo en invierno), teléfono y otros de la casa ("la ropa me la da la señora") le quedan entre 700 y 800 pesetas al día para comer. Ahora está mejor y puede moverse. Los transportes son gratuitos para los pensionistas. De vacaciones, nada. "Los viajes del Inserso son baratos, entre 15.000 y 20.000. pesetas, para quien pueda pagarlos".
Estudiar con beca
Hipólito Rodríguez se jubiló en 1985 por enfermedad, una osteoporosis. Era metalúrgico y entonces ganaba 120.000 pesetas mensuales. Tiene 52 años y vive en Getafe. Cobra 60.000 pesetas de pensión. Su mujer ingresa otras 50.000 como asistenta. Salea las siete de la mañana y vuelve a las tres de la tarde. Tienen pagada su vivienda de 56 metros. Con ellos viven dos hijos. El de 20 años termina ahora la carrera de delineante, estudiada con una beca. "Entre lápices, fotocopias y libros nos cuesta casi 20.000 pesetas al mes". Le dan otras, 2.000 pesetas para sus gastos. Al pequeño, de 14 años, un poco menos. Con la ropa y el calzado de los hijos, la luz, los gastos de comunidad (7.000 pesetas), el transporte, les queda poco para comida: "No nos falta, pero carne, y de cerdo, sólo hay dos o tres veces al mes".
