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Fuerzas políticas y sindicales critican las medidas de ajuste

El coordinador de política económica del Partido Popular, Luis Gamir, manifestó ayer que "el Gobierno socialista carece de la credibilidad necesaria ante la sociedad para impulsar un paquete efectivo de medidas de ajuste económico que permitan al país recuperar el pulso económico necesario para afrontar el proceso de la unión europea". Por su parte, el secretario general del CDS, José Luis Gómez Calcerrada, dijo que hay que suprimir "la mayor parte de las delegaciones ministeriales, los ministerios de Cultura y Asuntos Sociales y otras figuras obsoletas"Según Gamir, las medidas esbozadas ayer por el Consejo de Ministros y cuya aprobación definitiva se producirá el próximo martes son "claramente insuficientes y discriminatorias". A falta de un análisis de detalle tras su aprobación, el portavoz de política económica del PP adelantó que su partido estima que la vía del ajuste no debe basarse en la elevación de los impuestos, sino en la reducción drástica del gasto corriente, que en el año en curso debería limitarse en 400.000 millones de pesetas y, simultáneamente, encarar una política de privatizaciones que supondría unos ingresos, durante el primer año, de medio billón de pesetas.

Reorientación

Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, exigió ayer al Gobierno que "reoriente desde sus responsabilidades y con el mayor sosiego posible la política económica del país". La Unión General de Trabajadores ha culpado al Gobierno de los desajustes económicos que se han producido en 1.992 por la política de enfriamiento económico mantenida por el ejecutivo en los últimos tres años, según una conclusión del informe del Instituto Sindical de Estudios, dependiente de la UGT.Según este informe, se han "hundido" las previsiones gubernamentales y "se descontrolaron todas las cifras macroeconómicas a la par que se evidencia que el Plan de Convergencia estaba mal planteado porque contenía unas previsiones inconsistentes y carecia de credibilidad".

El estudio señala que 1.990 supuso el periodo de inflexión de la economía española aunque el origen de la actual situación se encuentra en el año 1989. A juicio de este informe, "la decisión del Gobierno de poner en marcha una política de enfriamiento que pretendía reducir el déficit exterior y moderar la inflación fue errónea ya que lo hacia desde un enfoque estrictamente macroeconómico".

Por su parte, Joaquín Almunia, miembro del comité federal del PSOE, y ex ministro de Trabajo, ha declarado que las medidas anunciadas por el Gobierno son "absolutamente necesarias y ajustadas a la realidad de recuperar los equilibrios en la economía española".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de julio de 1992