El juego de los consensos

Los partidos políticos de la Comunidad de Madrid han pactado una ley de órganos de Gobierno de cajas que garantiza el carácter público de la segunda caja de ahorros del país y que sirve de marco estable para que la entidad siga su curso al margen del grupo político que gobierne. La Asamblea de Madrid ha votado por unanimidad una ley que marca los mecanismos para que su futuro se rija por criterios de gestión privada.

En el futuro ningún Gobierno de Madrid podrá imponer sus criterios para nombrar los órganos que dirijan la caja y estará obligados a pactarlos. Esta es la primera y fundamental lectura que hacen los autores de la ley. Aun que el PSOE ha llevado las riendas del proyecto, los representantes del PP y de Izquierda Unida (IU) también han podido introducir sus propuestas. Rodolfo Martín Villa, por el PP, Joaquín Almunia, por el PSOE, y Moral Santín por IU, ha sido el equipo que ha gestado el texto con la coordinación de Ramón Espinar, consejero de Hacienda de la Comunidad. En este texto se juega el futuro de una entidad con unos recursos de clientes de 2,6 billones de pesetas y unos recursos propios de 260.000 millones de pesetas. Para los redactores, es importante establecer los me canismos que eviten ser víctima de los vaivenes políticos.Mantener los criterios de proporcionalidad y evitar los abusos de la mayorías ha sido el norte buscado, según reconoce el consejero de Hacienda de la Comunidad, Ramón Espinar. La comisión ha negociado todos y cada uno de los puntos. La ley, que aglutina los principios de la Ley de Organos Rectores de la Cajas (LORCA) y las sentencias del Constitucional sobre gobierno de cajas, ha logrado en ocho meses de conversaciones tres consensos.

En primer lugar, de los tres grupos de la Comunidad PSOE, PP e IU. En segundo lugar, un consenso de los sindicatos que han señalado que se trata de un paso al frente "aunque es perfectamente mejorable". Y en tercer lugar, un consenso con Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía.

Despolitización

Para Juan Antonio Candil, ponente de IU junto a Moral Santín, "se ha logrado democratizar los órganos de Gobierno y eludir la politización de la entidad. Se amplía la presencia de muncipios en función de los recursos propios y se amplía de 8 a 32 el número de empleados en la Asamblea y de uno a dos en el consejo"., Para este ponente, se ha respetado la proporcionalidad de la realidad política en los órganos de Gobierno.

Joaquín Almunia destaca que 2con esta ley se salva. la. gestión de la batalla política, se da mayor poder al equipo directivo y busca la proporcionalidad real de la sociedad madrileña en la caja", Además, añade, se busca una "mayor rentabilidad social a una caja con un poder de generar recursos y se implica más a la caja con los problemas sociales de Madrid a través del reparto del excedente de cada año".

Rodolfo Martín Villa, del PP afirma que el dinero "no es de derechas o de izquierda y que la ley ha salvado la gestión de la coyuntura política. Es un texto que posiblemente. sea, seguido en su funcionamiento por otras comunidades y que puede ser un modelo válido para que la gestión sea cosa de gestores y que los políticos sean los supervisores".

En los ocho meses "en los que hemos hecho calceta", dice Ramón Espinar, se han producido varios rifirrafes. Los dos principales han surgido por delimitar el poder que reunirá el nuevo presidente y por la representación en la comisión ejecutiva.

La composición del consejo de administración ha sido la verdadera piedra de toque de las negociaciones. Al final los grupos ha acordado un reparto que concede ocho representantes de los municipios, siete de los impositores, tres de la Asamblea de Madrid y dos de los trabajadores. Por primera vez, los políticos de la Asamblea se reservan tres puestos en el consejo.

Asimismo, se han aumentado los representantes de la Asamblea General desde los 160 hasta los 320 miembros "porque la entidad es lo suficientemente grande para que se doble el número". El reparto guarda la misma proporcionalidad que el consejo.

El PSOE desde el principio defendió una ley que permitiera la continuidad del actual equipo gestor presidido por Jaime Terceiro, un catedrático de Econometría que bajo la bandera de in dependiente mantiene buenas relaciones con el equipo en el Gobierno. El contrapeso del presidente ha supuesto cuatro meses de negociaciones.