EE UU amenaza a España con represalias por la guerra comercial sobre la marca deportiva Nike

Estados Unidos ha incluido a España en la lista de países que pueden sufrir represalias comerciales por no respetar los derechos de propiedad industrial y comercial de la multinacional Nike. El conflicto planteado por la empresa catalana Cidesport, que ha logrado que los jueces impidan la comercialización, distribución y publicidad de la ropa deportiva de esta marca en nuestro país, ha convertido un caso judicial de grandes implicaciones económicas en un grave asunto político a sólo dos semanas de la inauguración de los JJ OO de Barcelona.

La Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto y ha enviado una comunicación urgente al Gobierno español en la que se le exige intervenir ante el poder judicial para eliminar "obstáculos al libre comercio" que vulneran el artículo 30 del Tratado de la CE. Nike tiene filiales en todos los países comunitarios, que no pueden exportar a España por culpa de unas medidas cautelares decididas por los jueces.Estados Unidos no se ha contentado sólo con incluir a España en la watchdog list, lo que convierte a nuestro país en víctima potencial de represalias comerciales previstas en la famosa sección 301 de la Trade Act norteamericana. Carla Hills, representante del presidente Bush para el Comercio Internacional, ha transmitido al Ministerio de Industria y Comercio su "asombro y malestar" por unas medidas comerciales de tal gravedad.

Los contactos entre Industria y el Departamento de Comercio estadounidense se remiten al pasado enero, cuando en una reunión de trabajo entre Hills y el ministro español Claudio Aranzadi, la representante estadounidense expresó su preocupación sobre las dificultades a las que se enfrentaba Nike para penetrar el mercado español de cara a los JJ OO, informa desde Washington.

Nike es patrocinador oficial para los Juegos de Barcelona de la selección de atletismo de EE UU, del equipo olímpico de Argelia y tiene en nómina publicitaria a otros muchos deportistas de élite como Sergei Bubka y Michael Jordan, John McEnroe o Carl Lewis. Ninguno de estos atletas podrá vestir chándales, camisetas o pantalones con el símbolo de esta marca. El juzgado número 9 de Primera Instancia de Barcelona, la Audiencia provincial y el propio Tribunal Constitucional han dictado autos que confirman la prohibición de venta y publicidad hasta que no se resuelva el fondo de una guerra de marcas registradas con el mismo nombre.

Campaña publicitaria

Nike Internacional, que invierte 26.000 millones en publicidad al ano, había previsto hacer de los Juegos Olímpicos el escenario para presentar su nueva línea de ropa deportiva. Un directivo de esta companía afirmó hace unos días: "Los atletas que patrocinamos vestirán uniformes Nike en Barcelona, porque estos uniformes no son para vender ni promocionar en España". Pero los Juegos Olímpicos no son extraterritoriales y este anuncio, como han dado a entender el abogado y los empresarios que defienden los intereses de la Nike española, puede dar pie a solicitar una orden judicial para que en el acto de inauguración de los juegos, el próximo día 25, la policía haga cumplir la prohibición y deje en el estadio a muchos deportistas de elite sólo en zapatillas.

El agredado comercial de la embajada española en Washington, Manuel de la Cámara, ha sido convocado por la Oficina de Carla Hills para pedirle garantías de que la policía española no tomará medidas contra los atletas que vistan la ropa Nike.

"En ese caso tendríamos que recibir notificación previa y presentaríamos recurso", afirmó ayer un representante de Gómez-Acebo & Pombo, bufete de abogados que defiende los intereses de Nike Internacional y su filial española American Nike. "Es de suponer", añadió, "que antes del día 25 haya decisiones jurídicas relevantes". La decisión puede venir del Tribunal Constitucional, donde está pendiente un recurso de súplica, o del Juzgado número 10 de Primera Instancia de Barcelona, que ahora entiende de la causa por recusación del titular del 9, Julio Aparicio.

Lo que Nike pide es tutela efectiva de sus derechos y sustituir, como "suele ser la regla general prevista en la ley para garantizar el equilibrio entre los intereses de las partes", las medidas cautelares por una fianza apropiada hasta que no haya sentencia firme sobre el fondo del litigio.

Derrotas jurídicas

Derrotada de momento en todos los frentes de la justicia española, la poderosa multinacional (36.000 millones de pesetas de beneficios al año y 360.000 millones de facturación) ha logrado el apoyo político del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, lo que puede cambiar el rumbo judicial del caso es la queja de 86 páginas presentada el pasado 15 de abril ante la CE.

Una semana después se produjo una reunión en Madrid de representantes de la Comisión Europea con responsables de los Ministerios de Justicia, Exteriores y Comercio. Y el pasado 15 de junio Ricardo Perissich, máximo responsable de la Dirección General de Mercado Interior y Asuntos Industriales de la Comunidad Europea, dirigió un télex al Gobierno en el que se le exigía intervenir para eliminar las trabas españolas al libre comercio entre los Doce.

"Mis servicios continúan pues sosteniendo su posición en lo que se refiere a la posibilidad que existe en derecho comunitario de calificar una actuación judicial como la que es objeto de la presente queja como medida susceptible de apreciación a la luz de los artículos 30 y siguientes del Tratado de la CE", se dice en el texto. El argumento repetido en las cuatro páginas de la comunicación urgente es que la decisión de los jueces españoles de prohibir cautelarmente la distribución, venta y publicidad de ropa Nike en España puede ser calificada como "medida de efecto equivalente" a las restricciones prohibidas dentro del libre comercio comunitario.

Para que no quede duda alguna recuerda la solución adoptada hace tres años en la queja 89/841, también referida a importaciones de ropa Nike, pero en este caso provenientes de Francia por vía paralela y no directa. Entonces la Comisión Europea "solicitó y obtuvo de sus autoridades el traslado de este expediente al Consejo Superior del Poder Judicial, así como, posteriormente, la intervención del fiscal general del Estado. En su virtud fue posible el levantamiento del embargo preventivo sufrido por el interesado a cambio de un afianzamiento sustitutorio". El Gobierno español tiene cuatro semanas de plazo para dar una respuesta.