Derrota a los puntos

LA HUELGA de los camioneros franceses ha sido producto de un conflicto laboral mal tratado. En el paro que ha tenido bloqueada a media Europa, todos los actores han llevado un buen tanto de culpa: el Gobierno de Pierre Bérégovoy, los patronos, los pequeños transportistas autónomos, algunos sindicatos y los camioneros. Pero los platos rotos han sido pagados, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, por los usuarios: por millones de turistas y por la industria y la agricultura de los socios comunitarios, entre otros, y muy gravemente, España.Los accidentes de tráfico en Francia provocan cerca. de 10.000 muertos y más de 200.000 heridos al año. Estas cifras justifican por sí solas la adopción de severas medidas de control. De ahí la implantación del permiso de conducir por puntos, que ya ha sido probado con eficacia en otros países. El problema se plantea por la repercusión del nuevo sistema puesto en marcha por el Gobierno sobre un colectivo plagado de problemas: los camioneros. En Francia, el transporte por carretera supone el 70% del total (frente al 25% del ferroviario y el 4% del fluvial). Esta cuota se mantiene a base de explotar a los camioneros. Apenas el 0,2% de las empresas de transporte por carretera tienen más de 200 asalariados. El resto son pequeños empresarios o autónomos que sobreviven con pagas que apenas si superan el mínimo interprofesional, haciendo semanas de más de 70 horas al volante y cediendo a la necesidad de llevar sus mercancías más deprisa, sin respetar los límites de velocidad o de horas de conducción.

Precisamente dos de las infracciones que pueden restar puntos en el nuevo carné de conducir. La medida, aplicada en el peor momento posible, ponía en manos de los camioneros la posibilidad de bloquear el tráfico a través de Francia en los días en que se produce el éxodo masivo de vacaciones. La arrogancia del Gobierno de Bérégovoy al no prever ese riesgo le hace acreedor al conflicto que le estalló debajo de la silla el de julio y del que ha salido especialmente tocado. A su ceguera se une en este caso la actitud previa de los sindicatos, que no fueron capaces de prever el problema ni de exigir una negociación anterior. Rechazadas, por los camioneros, las tres grandes centrales sindica les (en las que el nivel de afiliación de aquellos es del 5%) fueron puestas al margen y la huelga se convirtió en ese detestado conflicto: la reivindicación corporativa. Sin embargo, en su resolución final han tenido los sindicatos un papel de primer orden para aplacar el problema, demostrando que no se puede prescindir de ellos y dejar el campo de las reivindicaciones a movimientos de base y sindicatos de sector. En el conflicto de los camioneros, los socialistas franceses han redescubierto a los sindicatos y los riesgos del ultraliberalismo en las relaciones laborales.

Las consecuencias son de doble orden. Por una parte, resueltos los problemas más inmediatos de los camioneros con el nuevo carné, el Gobierno, los sindicatos y el gremio van a tener que ponerse urgentemente a modernizar un sector que se encuentra a la cola de sus homólogos en Europa y que va a padecer duramente de la competencia en el mercado único europeo a partir del próximo enero.

Por otra parte, países que -como España- han resultado duramente afectados por el conflicto (el turismo, la exportación de productos agrícolas perecederos y la importación de productos industriales lo han padecido especialmente) exigirán del Gobierno de París indemnizaciones por las pérdidas. En cuestiones así, el lucro cesante es siempre difícil de probar; puede que el tema acabe en el Tribunal de Estrasburgo. Mientras, al mismo tiempo, la Comisión de Bruselas exige de los comunitarios garantías de mantenimiento de la libertad de circulación en la CE.