El fiscal solicita penas de ocho y seis años por el intento de soborno de Calviá

El Ministerio Fiscal considera que el presunto intento de soborno con 100 millones de pesetas de un concejal socialista del Ayuntamiento de Calviá (Mallorca), realizado por personas vinculadas al PP para arrebatar al PSOE el gobierno municipal, constituye un delito de sedición o, alternativamente, de cohecho.

La acusación fiscal solicita para los dos implicados, el militante del PP y abogado, Miguel Deyá, y el agente inmobiliario, Guillermo Ginard, penas de seis años y un día y ocho años y un día de cárcel, respectivamente, por inducción a la sedición. "Es un delito contra la seguridad interior del Estado, del que es víctima la democracia; un acto contra la voluntad popular" explicó ayer un miembro de la fiscalía de Palma de Mallorca.

La calificación formulada ayer por la fiscalía considera que en el juicio público deben ser oidas -como "pieza de convicción"- las cintas magnetofónicas aportadas en la denuncia por el concejal José Miguel Campos. En las grabaciones se recogen conversaciones, celebradas el pasado febrero, en las que los acusados Deyá y Ginard, actualmente en libertad provisional, ofrecían 100 millones para derribar al PSOE de la alcaldía de Calviá y permitir el acceso del PP al gobierno municipal.