El Tribunal de Defensa de la Competencia solicita la total libertad de precios en las profesiones liberales
El proyecto para la liberalización del sector servicios a que obliga el plan de convergencia ya está en manos del Gobierno. El Tribunal de Defensa de la Competencia acaba de entregar a los miembros del Ejecutivo un informe en el que propone liberalizar -en la práctica- el funcionamiento de las profesiones denominadas liberales. El objetivo es abaratar el precio de los servicios que ofrecen estos profesionales -como abogados, arquitectos, ingemeros, fármacéuticos, dentistas o médicos- con una serie de medidas entre las que destaca la supresión de las tarifas obligatorias u orientativas. La idea es que estos colectivos se rijan por el mismo principio económico que el resto de los ciudadanos: la libertad de precios en una economía de mercado.
El objetivo del informe, según el presidente del Tribunal, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es que "las profesiones liberales se sometan a los mismos principios económicos y a las mismas leyes que el resto de las actividades económicas". De otra forma, se trata de acabar con sus privilegios económicos con un objetivo muy claro: que bajen sus precios.
Esta intención de limar los privilegios económicos que llevan a prácticas contrarias a la competencia no implica -según el informe elaborado por el equipo de Fernández Ordóñez- la desaparición de los colegios profesionales o siquiera la eliminación de la colegiación obligatoria. El presidente del Tribunal ha apostado por una "reforma prudente", que se dirija sólo a "los aspectos económicos", tras la frustrante experiencia de los primeros gobiernos socialistas, cuando intentaron suprimir sin éxito la estructura colegial.
Novedades
La "moderada reforma" de Fernández Ordóñez sólo obligará -si el Gobierno y el Parlamento deciden seguir su dictamen- a las siguientes novedades:
1- Desaparecerán todas las tarifas fijas, mínimas, máximas, orientativas, o de cualquier otro tipo que pudieran idearse. Se instaurar así la total libertad de precios, tal y como existe en las restantes actividades económicas. El Tribunal hace esta propuesta porque, según el informe, "sin libertad de precios es dificil la innovación, y sin innovación no cabe el progreso".
Junto a esa libertad de tarifas, el informe propone que se obligue a los profesionales a dar un presupuesto porque "nada defiende mejor al consumidor que el conocimiento a priori del coste del servicio".
2.- Nadie podrá cobrar sus honorarios a través de su colegio profesional. El Tribunal destaca que el cobro obligatorio es un sistema "singular en España" que utilizan algunos colegios de arquitectos, ingenieros y médicos, y "una típica práctica de los cárteles que pretenden controlar fuertemente a sus miembros".
3.- Cualquier profesional podrá hacer toda la publicidad -legal- que desee de su negocio y en todos los lugares que estime oportuno. La actual ley de colegios se elaboró antes de que falleciera Franco y sólo se modificó ligeramente en 1978 para eliminar la participación de los colegios, como "cauce de representación orgánica", en las instituciones del régimen anterior. Esta legislación permite establecer limitaciones a la publicidad, una posibilidad que algunos colegios aprovechan al detalle.
4.- Los profesionales liberales podrán establecerse en cualquier punto del territorio nacional. Las restricciones actuales son, según el informe, "variadísimas". En algún caso -como el de los dentistas- está prohibido ofrecer servicios más allá de un radio de 50 kilómetros de su provincia. En otros se permite la prestación ocasional de esos servicios pero no el establecimiento. El problema es que esta restricción "reduce el número de profesionales que compiten" a aquellos que están colegiados en cada provincia.
5.- Aquellos profesionales que lo deseen podrán agruparse en despachos colectivos todo lo grandes que quieran. Ahora -por ejemplo entre los abogados- está prohibido que los despachos colectivos superen los 20 profesionales o puedan tener más de un despacho dentro del territorio de cada colegio.
El informe destaca que "en Alemania, donde se suprimió una restricción equivalente en 1989, no es extraño ver hoy despachos de más de un centenar de abogados y en Estados Unidos pueden encontrarse despachos que agrupan a más de 1.000 profesionales". El Tribunal pide que se elimine esta restricción para "permitir que aquellos profesionales que lo deseen puedan competir con sus colegas extranjeros".
Junto a estos cambios el informe propone el mantenimiento -con modificaciones- de prácticas como los códigos deontológicos o los visados. El informe califica de "rechazable" la actual utilización de los códigos deontológicos, "puesto que no sirven a la finalidad de ordenar la ética de conducta exigible a un profesional, sino más bien de evitar la competencia". Lo mejor, según el dictamen de Fernandez Ordóñez, es que se mantengan pero "se les despoje de todo resabio de defensa corporativa". El diagnóstico que ofrece el informe para los visados es idéntico: deberían permanecer pero limitándose a aspectos puramente técnicos.
