Reformas futuras y debate parlamentario
Tras el informe sobre las profesiones colegiadas, el Tribunal de Defensa de la Competencia va a iniciar otro más amplio sobre el funcionamiento de los principales servicios. El objetivo es que esté listo para el otoño y que destaque la necesidad de liberalizar los transportes, comunicaciones y electricidad, es decir, los que ofrecen las grandes empresas, muchas de ellas con participación o control público en España.En opinión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el análisis de estos sectores empieza por comparar, por ejemplo, el precio del puente aéreo entre Madrid y Barcelona con otros servicios similares en Europa o Estados Unidos, o la tarifa de una llamada entre Madrid y Washington con la misma pero de Washington a Madrid, o la factura de la luz para una familia en España y en la CE.
El presidente del Tribunal defiende que cuando esas diferencias sean grandes hay que buscar las causas y cortarlas de raíz. El motivo es que "esas ineficiencias son costes para las empresas y actividades eficientes". A su juicio, "España no puede permitirse tales aumentos de costes en los sectores abiertos a la competencia internacional".
El informe que acaba de terminar el Tribunal ya reconoce que el principal escollo para sacar adelante la liberalización de los servicios es la voluntad política. "La dificultad surge de que el daño causado a aquéllos a los que se les retira el favor de los poderes públicos es muy concreto frente a unos beneficios difusos que llegan a la población a través del crecimiento de la renta per cápita".
El daño en el caso de los colegios profesionales, además, puede afectar indirectamente a un buen número de miembros de la clase política, toda vez que "la inmensa mayoría de los políticos que están en puestos relevantes pertenecen al sector de profesiones tituladas cuando el porcentaje de titulados sobre el total de la población no llega a veces ni al 10%".
