El Gobierno vasco cierra las vías para investigar el 'caso de las tragaperras'

El Gobierno vasco abrió un nuevo plazo de seis meses para la regularización de permisos de máquinas tragaperras en situación ¡legal. El decretó aprobado ayer por el Ejecutivo autónomo permite la puesta al día de más de 2.000 permisos concedidos sin cumplir los requisitos legales y cuya anulación exigió el Parlamento vasco hace 14 meses. Este decreto cierra la posibilidad de aclarar por las vías administrativa y parlamentaria las responsabilidades en el tráfico ¡legal de permisos de explotación de tragaperras.

El decreto aprobado ayer por el Gobierno vasco pretende adecuar el parque de máquinas recreativas tipo B a la nueva ley de Juego. A partir de ahora, sólo se anularán aquellos permisos que en los próximos seis meses no superen los trámites necesarios, Además, se establecen nuevos requisitos para comprobar la identidad de los titulares de las licencias y la composición de las sociedades, informa Eva Larrauri.

El Gobierno Vasco dio así su visto bueno a este decreto después de que el consejero de Interior, Juan María Atutxa, asegurase que es imposible dar cumplimiento al mandato del Parlamento vasco. El Legislativo de Vitoria ordenó al Ejecutivo el 11 de abril de 1991 que revisase todo el parque de tragaperras y cancelase los permisos de aquéllas que no cumplieran lo exigido por la legislación. Esta situación irregular afectaba al menos a 2.503 permisos, según detectó el Tribunal de Cuentas vasco. En una comparecencia parlamentaria el pasado miércoles, Atutxa señaló que no se puede llevar a efecto la anulación de permisos por falta de documentación y desorden administrativo en tomo a este tema.

Acusación del PP

Sin embargo, el Partido Popular acusa al Gobierno de falta de interés por aclarar este asunto. Los populares vascos hablan de voluntad de enterrar el escándalo de las tragaperras por parte del Gobierno, que mediante el decreto ha establecido una "anmistía oficiafizada", según el PP. Euskal Ezkerro también entiende que hay una amnistía encubierta, ya que el plazo de seis meses para regularizar permisos parece desproporcionado si sólo se quieren corregir deficiencias administrativas.

No obstante, queda abierta la vía judicial, ya que aún queda pendiente la resolución de los tribunales ordinarios de las querellas presentadas contra el ex director de Juego del Gobierno vasco, José Joaquín Portuondo, por un presunto delito de prevaricación.