Un juez culpa por estafa a 300 poseedores de falsos certificados de invalidez

El juzgado de instrucción número 6 de Granada dictó ayer un auto de inculpación contra seis médicos, dos abogados y varias personas más, y contra los más de 300 beneficiarios de una red de falsificación de certificados médicos para la obtención de pensiones de invalidez. El juez les acusa de falsedad y estafa en diversos grados a la Seguridad Social.

Los hechos investigados se circunscriben a los años 1990 y 1991, en que los juzgados de lo Social de Granada reconocieron el derecho a cobrar pensiones por enfermedad a más de 300 personas a quienes previamente los médicos habían certificado falsas dolencias.En el auto, el juez señala su propósito de tomar declaración a las cerca de 350 personas a las que la Seguridad Social ha identificado como supuestos beneficiarios de la red ilegal, que capitalizaba Francisco Cara Martín, propietario de una pensión de Granada, al que el juez imputa además un delito de intrusismo.

La denuncia fue remitida al fiscal por la dirección provincial de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSSS). Entre los imputados figura el ex forense de la Audiencia granadina, Francisco García Torres, así como los médicos María del Carmen Mufloz Peláez, José Luis Ros Recuenco, José Melero Medina, José Luis Roca Roca y Francisco Martín Cazorla. Los abogados a los que el juez relaciona con la red de falsificación son Plácido Romero Funes y Emilia Morcillo Gómez, además de dos asistentes sociales emparentados con el dueño de la pensión que supuestamente asesoraba a los beneficiarios.

La mayoría de los 350 beneficiarios reside en pueblos de la Alpujarra granadina y almeriense. Todos ellos han sido declarados implicados en delitos de estafa y falsedad, si bien en un grado menor no determinado.

El juez especifica en el auto que la declaración de inculpados se hace sin perjuicio de que durante la tramitación del sumario aparezcan otros hechos presuntamente delictivos. El INSS no ha valorado aún con justeza el montante del dinero defraudado.

Se ignora también la cantidad que las personas que obtenían el subsidio por incapacitación pagaban a cambio de la falsa certificación a los implicados.