El PP dice que Gil-Robles está "domesticado" por el Gobierno socialista

El PP e IU criticaron ayer al defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, por no haber recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana. En la Comisión Mixta Congreso-Senado, los populares le acusaron de estar "domesticado" por el Gobierno.

Gil-Robles negó haber pactado con el Ejecutivo. El Defensor acudió a la comisión mixta para presentar su informe de la actividad realizada en 1991, cuando examinó 26.860 quejas, de las que sólo 6.449 fueron admitidas. Casi tres de cada cuatro solicitudes quedaron rechazadas. En lo que va de año ha recibido 11.390 quejas.Al término de hora y media de exposición, llegó la polémica, más viva al abordar la conducta del Defensor ante la ley Corcuera que al tratar los resultados del informe. "No le veo especialmente brillante en la defensa de los ciudadanos ante la Administración", dijo Cristina Almeida, de Izquierda Unida.

Rogello Baón, del Partido Popular, fue más allá. Censuró a Gil-Robles por haber "pactado" esa ley con el Ejecutivo, interfiriendo además con el trámite legislativo. "Da la impresión de estar domesticado por el Gobierno", afirmó. Tras acusarle de tener "tintes gubernamentales", añadió: "Ha deteriorado gravemente la credibilidad de la institución". Tanto Almeida como Baón acusaron al Defensor de haber pactado la modificación, introducida en el Senado, del artículo que regula la entrada en domicilios sin orden judicial para casos de delitos de drogas.

"Ni trampa ni cartón"

El portavoz del PSOE, José María Mohedano, salió al quite para denunciar el "deplorable deporte" de los populares, que, según dijo, van "sembrando dudas" sobre las instituciones. Por su parte, Gil-Robles justificó su postura como un ejercicio de su "poder de recomendación". "No ha habido ni pactos ni reuniones clandestinas ni acuerdos espurios que haya luego que sacar en cintas magnetofónicas", aseguró. "No ha habido trampa ni cartón", insistió.En cuanto a los posibles excesos de la ley Corcuera, Gil-Robles aseguró que se investigarán. Ante los periodistas matizó que este seguimiento será similar al de otras leyes, ya que no cabe una "presunción de irregularidades". "No podemos partir de que esta ley se va a cumplir mal. Veremos la patología cuando se produzca", dijo. Sin embargo, está dispuesto a actuar de oficio.

El Defensor del Pueblo, que antes de aprobarse la ley había mostrado dudas sobre su constitucionalidad, se entrevistó con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, a quienes recomendó modificaciones como la inclusión del término "evidencia que lleve a la constancia" de la comisión de un delito de narcotráfico como requisito para el registro domiciliario sin mandamiento judicial.

En este sentido, el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, aseguró ayer en el Parlamento que sería malo que su institución no tuviera contactos con miembros del Gobierno.