Desviaciones
APENAS UNA semana después de que el Programa de Convergencia de la economía española superara su último trámite con la aprobación casi entusiasta del Consejo de Ministros de Economía comunitario, el ministro español del ramo, Carlos Solchaga, ha reconocido desviaciones significativas en la senda trazada para el año en curso en aspectos fundamentales de ese programa.En un entorno internacional menos expansivo que el previsto, la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) español en este año difícilmente superará el 2,5%, frente al 3% reflejado en ese programa; esa menor actividad no está contribuyendo precisamente a mantener la variación de los precios en los límites previstos por el Gobierno, como ha vuelto a poner de. manifiesto el aumento del índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al mes de mayo, muy distante en su tasa interanual -6,5%- de ese objetivo del 5% para el presente año.
La más acusada contradicción se pone de manifiesto en la evolución del déficit público, cuyo crecimiento determinará, según ha anunciado Solchaga, la elevación de las retenciones practicadas sobre las rentas del trabajo en el IRPF apenas cinco meses después de que fuera decidida su reducción. No ha tenido más remedio el ministro de Economía que reconocer ¡errores de cálculo! en esa nueva tabla de retenciones, cuyos efectos adversos sobre la recaudación se han añadido a los derivados de esa menor actividad de la economía y al fuerte descenso en las rentas de capital, originado por el importante desplazamiento del ahorro hacia los fondos de inversión, exentos de retención.
Esta diligencia mostrada para proceder en las próximas semanas a la corrección de errores debería extenderse al resto de las actuaciones previstas en ese programa, para que no quede como un mero ejercicio voluntarista. Si, bajo las hipótesis en que se fundamenta la convergencia, la reducción de los desequilibrios que presenta nuestra economía exige rápida aplicación de reformas estructurales, en las circunstancias actuales tales actuaciones son mucho más prioritarias, por muy impopulares que parezcan; a las limitaciones de las políticas hasta ahora practicadas para frenar ese deterioro se añaden nuevas incertidumbres que ponen en cuestión la capacidad del Gobierno para hacer los números, en primer lugar, y luego, para corregir las situaciones creadas.
La incertidumbre creada sobre la unión económica y monetaria de Europa ha afectado especialmente. a la capacidad de la economía española para, en ausencia de una vinculación tal, reconducir sus desequilibrios hacia niveles más próximos a los de los principales países de la CE. Las tensiones registradas durante los últimos días en los mercados financieros, incluida la depreciación de la peseta, son una muestra de esa vulnerabilidad.
A ello se añaden factores domésticos que, lejos de apoyar la estabilidad necesaria para hacer frente a esa tarea de saneamiento de la economía, aumentan la incertidumbre. La concreción de esa mayor beligerancia de la política fiscal anunciada por el ministro de Economía, las dudosas posibilidades de recuperación del diálogo con las fuerzas sociales, las perturbaciones surgidas en el gobierno del Banco de España y, en última instancia, la mayor o menor proximidad de la convocatoria de elecciones legislativas constituyen circunstancias de entidad suficiente para que ese horizonte en el que se ampara la formación de expectativas y, en definitiva, la adopción de las decisiones económicas se presente menos favorable de lo que las circunstancias actuales harían aconsejable.
