El Consejo del banco emisor traslada a Solchaga la decisión de enviar al Congreso los papeles de Ibercorp

El Consejo General del Banco de España eludió ayer tomar una decisión sobre el envío de los documentos de la inspección del Banco Ibercorp, solicitados por la Mesa del Congreso a instancias del Partido Popular. El consejo, tras deliberar durante toda la jornada, acordó trasladar la decisión al ministro de Economía para evitar un conflicto entre el Banco de España y el Parlamento. El gobernador convocó al Consejo con carácter extraordinario para que respaldase su posición contraria a entregar los informes de la inspección a los diputados. En la reunión celebrada por la mañana fue imposible alcanzar un acuerdo por las discrepancias que formularon varios consejeros, lo que prolongó hasta pasadas las nueve de la noche la decisión final.

El Consejo general hizo público un comunicado hacia las diez de la noche, firmado por su secretario, Enrique Giménez-Arnau, en el que argumentaba las razones por las que se oponía ,,en principio" a facilitar documentos de la inspección, por existir una "obligación legal de reserva". Sin embargo, el Consejo precisó que en este caso concreto "excede de sus competencias resolver el conflicto que esa obligación de reserva puede plantear con los principios generales de publicidad e información que se recogen en la Constitución".El Consejo considera que al tratarse de una petición de un grupo parlamentario tramitada por la Mesa del Congreso "sitúa al Banco de España ante la disyuntiva de preservar escrupulosamente los deberes de reserva y de secreto o atender su deseo de roporcionar la mayor informacion y prestar la máxima colaboración a los órganos del Estado". Por ello, el Consejo "acuerda por unanimidad elevar al ministro de Economía y Hacienda las peticiones formuladas por los diputados del Partido Popular Luisa Fernanda Rudi Ubeda y Rodrigo de Rato Figaredo".

En su última comparecencia en el Congreso, el pasado 10 de junio, Mariano Rubio se mostró totalmente contrario a dar esta información por considerar que sería "una locura" que crearía dificultades a la inspección y a las entidades financieras. Para evitar una decisión personalizada añadió que trasladaría la petición al Consejo General del Banco de España para que fuera este organismo el que tomase la decisión. El PP había solicitado esta información tras publicarse un informe de la inspección del Banco de España sobre el Banco Ibercorp en el que se concluía que "la actividad básica del grupo era la especulación y el mantenimiento de la cotizacíón y que el proyecto Ibercorp no era viable".

La divulgación de este informe levantó una fuerte polémica, ya que Mariano Rubio había manifestado anteriormente en el Congreso, el pasado 20 de febrero, que el Banco Ibercorp "estaba en buen estado". Para aclarar tal discrepancia, el PP solicitó al Banco de España los documentos de la inspección sobre Ibercorp y una nueva qomparecencia del gobernador. Esta se celebró el pasado miércoles, y en ella el gobernador reconoció que se había equivocado y que debió haber dicho "buen estado patrimonial".

Secreto profesional

En su última intervención, el gobernador se amparó en el secreto profesional para no dar la información. En la reunión de ayer se trataba de que fuera el Consejo general el que se pronunciase, mediante una resolución dirigida al ministro de Economía y Hacienda -la autoridad competente que puede levantar la obligación de secreto- en la que se sefialarían los problemas que planteaba dar esta información.

En la reunión de ayer se esgrimieron sólidos argumentos jurídicos, por parte de Luis Diez Picazo y Tomás Ramón Fernández, catedráticos de derecho civil y mercantil, respectivamente, para evitar que el Consejo tuviera que pronunciarse sobre el caso concreto. Estos argumentos se basaban en dos directivas comunitarias que estipulan que el secreto profesional afecta a las personas y no a las instituciones, y que, por tanto, eran poco partidarios de un pronunciamiento del Consejo.

Otra de las dudas importantes planteadas en el Consejo hacía referencia al carácter restrictivo de la petición del Parlamento. La carta dirigida por el presidente del Congreso, Félix Pons, el pasado 2 de junio solicitaba los documentos de la inspección sobre el Banco Ibercorp, a efectos de determinar el conocimiento que de Ibercorp tenía el gobernador o el Banco de España. Es decir, se trata de averiguar si la información que había dado el gobernador era veraz y se ajustaba a los informes de la inspección. En este sentido, había un criterio unánime en que no se podían dar los documentos de la inspección con carácter general, pues ello supondría un fuerte condicionante para la inspección. Pero estimaron que era muy distinto el envío de informes concretos de una entidad en suspensión de pagos, de la que ya no se revelaba realmente ningún secreto y no creaba ningún riesgo. Algunos consejeros reflexionaron sobre la contradicción que suponía que los documentos del Banco de España pudieran ser conocidos por el poder judicial y el poder ejecutivo, en el ejercicio de sus funciones -y en este caso hasta por los compradores del Banco Ibercorp-, y no por el Parlamento.