Narcís Serra toma el control de la elección de altos cargos para la CE

La política de elección de altos funcionarios y la pérdida de peso de España en los órganos de poder en la CE es otro de los puntos débiles de la gestión en Bruselas. A fines de abril, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, decidió asumir esta responsabilidad, antes en manos de Roberto Dorado, jefe del Gabinete de la Presidencia, quien se había inhibido en favor de la política de reparto llevada a cabo por los dos comisarios, Manuel Marín y Abel Matutes.La decisión ha sido positivamente considerada por un miembro del Ejecutivo porque "el vicepresidente está por encima de los ministros". Sin embargo, se mantienen dos candidatos para el puesto de director general de Asuntos Sociales que le corresponde a España. Los dos son funcionarios de la CE, pero a uno le respalda Marín y al otro, el ministro de Trabajo.

En el repaso a la política de personal hecho en la reunión presidida por Serra se manejó un informe que invitaba al autohalago. España sólo tiene ahora un director general de la Comisión Europea con mando pleno, cuando le corresponden entre tres y cuatro. Esa debilidad "se compensa" con que son seis los que cobran ese sueldo, uno de ellos el ex ministro Joan Majó, contratado como asesor de la Comisión.

Dos años de prórroga

Hace más de un año, España sacrificó la cartera de Transportes por la de Asuntos Sociales, cuya ocupación está a la espera de lajubilación de su titular belga. Pero ahora en la Comisión Europea se especula con que no van a darle también a España el control del Fondo Social y se habla del interés alemán. De la Dirección General de Política Regional, en manos del español Eneko Landáburu, cuya gestión aglutina elogios, depende el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el segundo mayor presupuesto de la CE y de importancia creciente para España con el nuevo fondo de cohesión. La que sí parece abortada por el Gobierno es la aventura de cambiar a Landáburu por un candidato de Marín.El actual colegio de comisarios finaliza el mandato a final de año, pero el Gobierno ha decidido prorrogarlo otros dos años.

Como alternativa a Matutes, al que se le ha pedido que siga, se barajaron varios nombres, entre ellos el de Miquel Roca. El Gobierno no parece inclinado a hacer cambios en la actual coyuntura y menos a sellar un pacto con CiU antes de que las próximas legislativas decidan si será necesario. En ese supuesto, Roca estaría en la lista de ministeriables y no se entiende el deseo de Jordi Pujol de alejarle en Bruselas a no ser para capitalizar para Cataluña una parte de la política comunitaria, hipótesis que suscita fuertes recelos en el PSOE.