Un plan con muchos novios

La regulación de los planes de ahorro popular ha entrado en su recta final tras las propuestas elaboradas por las direcciones generales del Tesoro y de Tributos. Según fuentes de ambas áreas, Economía quiere que los planes tengan la máxima flexibilidad, mientras que Hacienda ha mostrado su preocupación por el problema que ello puede representar para su seguimiento fiscal. Parte del debate se centra, además, en si los planes pueden materializarse o no en depósitos bancarios, como conviene a la banca, o si deben limitarse a los seguros y títulos públicos, tal como establece la ley.

Para los bancos, los planes de ahorro popular pueden suponer un buen respiro, ya que el éxito de los fondos de inversión les ha mermado su capacidad de disponer de recursos con los que dar créditos a sus clientes. Esta pérdida de los depósitos tradicionales de la banca, se compensaría si ahora el Ministerio de Economía y Hacienda decidiera abrir la mano y dejara que los planes pudieran materializarse en depósitos bancarios.Dicho de otra forma, que las entidades no se queden fuera de juego y puedan ofrecer este nuevo producto a sus clientes, cuyos atractivos fiscales llegan a ser superiores a los de los fondos de inversión. Para el ahorrador, la ventaja de éstos es que no existe límite en cuanto al dinero que se puede destinar, mientras que en un plan de ahorro sólo se puede poner un millón de pesetas por año, hasta un máximo de diez millones.

Pero, desde el punto de vista fiscal, los rendimientos obtenidos de un plan de ahorro estarán totalmente libres de tributación, siempre que el dinero no se toque durante cinco años. La participación en un fondo de inversión tributa cuando la ganancia obtenida al venderla supera las 500.000 pesetas, y sólo está totalmente libre de impuestos si se mantiene su propiedad durante quince años.

El área de Economía del ministerio que dirige Carlos Solchaga no quiere, sin embargo, "primarios depósitos bancarios", según un alto cargo de este departamento. Se trata de evitar movimientos bruscos del ahorro, como sucedió cuando los fondos de inversión desplazaron a las supercuentas y dejaron bastante debilitadas las posibilidades de los fondos de pensiones. Según las mismas fuentes, la capacidad de ahorro de las familias españolas ha tocado techo y la filosofía es que si los bancos quieren aumentar su pasivo, que compitan en remuneración y no sólo a remolque de las ventajas fiscales.

Pero además, Economía también lucha por su trozo del pastel ya que los planes de aho rro sí que pueden -por ley- materializarse en deuda pública. Dado que el dinero no puede tocarse al menos en cinco años, lo lógico es que el Tesoro lo encauce hacia la deuda a medio y largo plazo y así desplazar en el tiempo el peso de los intereses, ahora sobrecargado por vencimientos muy cortos.

Diferente trato

Pero en este aspecto, el otro ala del ministerio, es decir, Hacienda, también ha puesto algún reparo. La ley del impuesto sobre la renta incentiva fiscalmente a los planes de ahorro como un rendimiento del capital mobiliario y no como un incremento de patrimonio. De esta forma, si el dinero captado se destina a bonos y obligaciones (deuda pública a medio y largo plazo) perdería la ventaja de quedar libre de impuestos porque a su vencimiento se considera un incremento de patrimonio.Fuentes de este departamento consideran que, en una interpretación estricta de la ley, los planes sólo podrían materializarse en cesiones de deuda con pacto de recompra, es decir, la que se renegocia en el mercado secundario con plazos inferiores al del vencimiento. Lo mismo ocurriría con las operaciones de seguro -la otra alternativa fijada en la ley para materializar los planes de ahorro popular- ya que, por idénticos motivos, quedarían fuera algunas modalidades a largo plazo.

Desde el punto de vista fiscal Hacienda no ve, sin embargo, especiales problemas en que los planes se destinen a depósitos bancarios, en contra del criterio de Economía. Su principal preocupación es que los planes no escapen a su control y para ello basta con ampliar a este producto las obligaciones de información que ahora ya tienen las entidades financieras para, por ejemplo, las cuentas corrientes. Se trata así de verificar que no se sobrepasan los límites que dan derecho a la exención fiscal y tener una nueva fuente de datos en el caso de una inspección.

Conjunta o separada

Hacienda también se ha planteado el problema de cómo operan los límites en la cantidad de dinero invertido -un millón por persona y hasta diez millones en total- según se haga la declaración de la renta de forma individual o conjunta y según sea el régimen económico del matrimonio. Según la propuesta de este área, el límite debe ser de un millón por unidad familiar cuando sólo uno de sus miembros perciba rentas. En los demás casos (declaración separada o dos perceptores de renta), los límites pueden duplicarse.