La Asamblea distribuye a los reclusos enfermos entre todos los hospitales

Los grandes hospitales de Madrid dispondrán, en el plazo de un año, de unidades para la atención médica de los reclusos de centros penitenciarios de la región y de los detenidos procedentes de comisarías y juzgados madrileños, según acordó ayer la asamblea de Madrid con los votos del PSOE y el Partido Popular y la oposición parcial de Izquierda Unida.El Parlamento regional ha puesto así fin al monopolio en la atención médica a los presos, que correspondía desde 1982 al hospital Gregorio Marañón, gestionado por la Comunidad de Madrid, a cuya unidad especial eran dirigidos bajo la custodia de las fuerzas de seguridad del Estado los pacientes que procedían de cárceles o calabozos.

A partir de las obras de remodelación efectuadas en el Gregorio Marañón en el verano de 1990, desapareció la unidad especial de detenidos, y los reclusos tuvieron que compartir las instalaciones del hospital con el resto de los pacientes, aunque con vigilancia poficial en los pasillos. Según el Partido Popular, autor de la propuesta- parlamentaria aprobada ayer, en esta situación se incrementó considerablemente el malestar y la inseguridad entre -el personal sanitario y el conjunto de los pacientes, ya que así sucedieron varios intentos de fuga y agresiones en las que se esgrimió cubiertos metálicos del propio centro hospitalario.

Costes al Estado

El grupo de Izquierda Unida" sin embargo, sí estuvo de acuerdo con la propuesta del Partido Popular para que los gastos ocasionados por el tratamiento de presos y detenidos en el Gregorio Marañón sean cargados al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) o a los Ministerios de Justicia y del Interior, al tiempo que se suscriba un convenio con estos organismos para regular la atención médica a la población penitenciaria madrileña y a los detenidos en juzgados y comisarías.El diputado de la coalición Salvador. Torrecilla afirmó que se oponía al resto de las propuestas sometidas ayer en la asamblea porque suponían "unas medidas de segregación social: se empieza por los presos, pero se puede acabar por segregar a los enfermos de sida", advirtió el diputado.

El consejero de Salud, Pedro Sabando, destacó por su parte que a partir de este acuerdo, el Insalud tendrá que instalar unidades especiales para presos y detenidos en hospitales como el Doce de Octubre, la Paz o el Ramón y Cajal, de manera que se suprimirá la exclusividad que afectaba al Gregorio Marañón.