El proyecto económico y los plazos del plan de cárceles empiezan a tambalearse

LORENZO ROMERO Casi un año después del visto bueno del Gobierno al plan de cárceles -24 nuevas prisiones en siete años-, los responsables de la política penitenciaria no pueden afirmar con seguridad ni dónde ni cuándo conseguirán colocar la primera piedra del nuevo modelo de cárceles. La Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, a cuyo frente está Antoni Asunción, hizo los cálculos económicos y de plazos del nuevo plan precipitadamente y basados en una solidaridad entre instituciones que sólo ha existido sobre el papel, como ha demostrado la oposición de los ayuntamientos implicados.

El plan carcelario fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 1991 y prevé invertir más de 130.000 millones de pesetas para construir en siete años 24 nuevos centros penitenciarios de 1.000 plazas cada uno. Estas plazas permitirían cerrar 40 de las 76 prisiones actuales, consideradas obsoletas, e intentar solucionar el crónico hacinamiento en las cárceles españolas.32 de los centros a los que el Gobierno pretende echar el cierre son el complejo de Carabanchel, Segovia, Valencia (hombres), Gijón, Oviedo, Melilla, La Coruña, Algeciras, Jerez, Bilbao, Pontevedra, Vigo, Huelva, Cartagena, Toledo, Guadalajara, Burgos, Mallorca, Granada, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Pamplona, San Sebastián, Salamanca, Zamora, Palencia, León, Cáceres I, Santander, Alcazar de San Juan y Sevilla.

La cárcel del siglo XXI diseñada por Asunción y su departamento consiste en 14 módulos, cada uno de los cuales albergará a 68 internos en ceIdas individuales de 10 metros cuadrados. Todo el recinto estará circundado por cinco vallas que harán "imposible" fugarse, según Justicia, por lo que sobrarán las garitas y bastará una plantilla de 35 guardias civiles.

En la actualidad hay en España unos 35.000 presos, además de los de Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias sobre prisiones, y en cuyas cárceles hay otros 5.500. Mientras, sólo existen unas 24.000 plazas, aunque Asuntos Penitenciarios no ofrece una cifra oficial al respecto. En 1997, habrá 44.000 presos, según las previsiones oficiales.

El primer problema que está retrasando el plan es la dura resistencia que están poniendo las poblaciones afectadas por la construcción de nuevas prisiones y que está obligando a agotar los plazos legales. La situación es tal que Asuntos Penitenciarios no se atreve a hacer públicos los nuevos emplazamientos, ya decididos en su mayoría, para no abrir nuevos frentes con las poblaciones, los ayuntamientos o las autonomías, como ocurre ahora.

Pero si los enfrentamientos con la población son un fuerte escollo, los datos económicos utilizados para aprobar el plan empiezan a oscilar peligrosamente. En parte, la culpa la tiene el pastel de 50.000 millones de pesetas que, según los cálculos iniciales de los autores del plan, suponen los cientos de miles de metros cuadrados de suelo -un dato que Asuntos Penitenciarios tampoco quiere precisar- que van a liberarse tras el cierre de 40 viejas prisiones y del que todo el mundo quiere su parte.