Divergencias con Economía

A los complejos y múltiples problemas externos con que se enfrenta el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios hay que añadir que el proyecto también ha sufrido durante meses las diferencias entre los ministerios de Justicia y Economía por el modelo que debe regir el plan y por la forma en que debe ser controlado su desarrollo y puesta en marcha.La sociedad estatal creada para dirigir el proyecto no fue aprobada hasta nueve meses después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a los planes de Antoni Asunción. Ya antes, Justicia había paralizado un primer borrador en el que se daba entrada a una empresa privada, Fortuny SBD, propuesta por el Patrimonio del Estado, y de la que había sido consejero dos años antes el propio director del Patrimonio, Luis Alcalde. La empresa estatal finalmente aprobada, Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarlos, SA, es propiedad del Patrimonio en un 100%, y así seguirá durante dos años.

Las debilidades del plan de cárceles aprobado por el Consejo de Ministros el pasado junio van a suponer, si no cambia la situación durante los próximos meses, un fuerte retraso en la construcción de las nuevas prisiones. Mientras tanto, algunas de las viejas cárceles que deben ser cerradas golpean los mínimos derechos de los reclusos y difícilmente pueden cumplir la labor que les asigna la Constitución o la Ley General- Penitenciaria. Caer en cárceles como las de Algeciras, Palma de Mallorca, Salamanca, La Coruña, Vigo y otras más supone una doble condena para quien da con sus huesos en tales centros.

Pero las graves deficiencias no afectan sólo a los internos. Los funcionarios también las soportan, así como el agravamiento de los comportamientos de los reclusos por estas condiciones.