Las prórrogas por estudios en el servicio militar dependerán de las notas a partir de 1993

El secretario de Estado para la Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra, anunció ayer que la obtención de prórrogas por estudios para el servicio militar estará condicionada en el futuro a la "necesidad de superar determinados mínimos de aprovechamiento académico", mediante un sistema similar al que existe para la concesión de becas. Suárez Pertierra, que compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el desarrollo de la nueva Ley del Servicio Militar, afirmó que se trata de impedir que la prórroga por estudios se obtenga de manera automática, para que no conduzca a la exención de la mili al cumplir sus beneficiarios 30 años de edad. Esta norma afectará a los jóvenes que se incorporen a filas a partir de 1993.

Actualmente, según los datos que expuso a la comisión parlamentaria, un total de 650.000 jóvenes tienen prórroga por estudios. De ellos, 141.000 la obtuvieron el pasado año, lo que supuso un incremento de 9.000 respecto a 1990. La regulación de las prórrogas se abordará en el nuevo reglamento sobre reclutamiento, que el Ministerio de Defensa está ultimando y que, según el pronóstico de Suárez Pertierra, debe publicarse en el BOE el próximo agosto, para que pueda aplicarse al reemplazo de 1993.Al margen del reglamento, el Ministerio de Defensa se propone ampliar hasta 50.000 las plazas que podrán elegir los jóvenes que se incorporen a filas el año próximo, frente a las 26.000 que se ofrecieron este año. Además, los reclutas de la quinta del 93 podrán manifestar el Ejército y la provincia donde prefieren cumplir el servicio militar, aunque dicha manifestación no tendrá carácter vinculante. Ante las advertencias de la oposición, Suárez Pertierra admitió que el sistema de preferencias podría originar desigualdades, al beneficiar a los jóvenes con mayor nivel educativo, pero subrayó que el ministerio es sensible a este peligro y tomará medidas para "desactivarlo".

El alto cargo de Defensa adelantó igualmente su propósito, condicionado a lo que disponga la ley de presupuestos, de aplicar ya en 1993 el artículo de la ley del servicio militar que prevé abonar a los soldados una cantidad mensual para sus gastos de bolsillo, que situó inicialmente en torno a las 5.000 pesetas, frente a las 1.000 que perciben ahora en concepto de haber en mano.

También se pondrán en marcha, con carácter experimental, los reconocimientos psicofísicos previos a la incorporación a filas, cuya aplicación a la totalidad del reemplazo requerirá un mínimo de dos años. Para ello será preciso firmar convenios no sólo con el Ministerio de Sanidad, con el que se negocia desde hace meses, sino también con las comunidades autónomas que tienen transferido el Insalud.

Permisos y horarios

Las condiciones de vida en el servicio militar se regularán a través de un segundo reglamento, llamado de la prestación, cuya entrada en vigor no está prevista antes del primer trimestre de 1993, por lo que el Ministerio de Defensa adelantará mediante órdenes ministeriales los criterios sobre obtención de permisos y horarios de servicio y permanencia en las unidades.

Suárez Pertierra anunció que el Consejo de Ministros aprobará próximamente un acuerdo que permitirá a los emigrantes e hijos de emigrantes españoles beneficiarse de las prórrogas, zanjando así la inquietud suscitada en medios de la emigración por la supresión de la cláusula que permitía a los residentes en el extranjero librarse de la mili.

"Bajo ningún concepto se pretende cercenar los derechos de los emigrantes o empujarles a que renuncien a la nacionalidad española", aseguró Suárez Pertierra, quien indicó que el problema se abordará igualmente en el reglamento sobre reclutamiento.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Defensa manifestaron ayer que la decisión de no informar al Parlamento de los accidentes de carácter "no militar" que se producen durante el tiempo de prestación de la mili (ver EL PAÍS de ayer) la tomó el propio ministro Julián García Vargas, para evitar la atribución que con frecuencia se hace al servicio militar de siniestros que no tienen relación alguna con el mismo.

En este sentido, Suárez Pertierra aseguró que se está reduciendo el número de accidentes en la mili y que el departamento continuará con sus campañas de carácter preventivo para resolver este problema.

El relación con la política de viviendas militares, que también fue objeto de la comparecencia parlamentaria de Suárez Pertierra, afirmó que próximamente se procederá al desalojo de 15 casas propiedad del Ministerio de Defensa, para las que ya cuenta con aprobación judicial. Mucho más cauto se mostró con respecto a los 1.300 militares en situación de reserva transitoria que ocupan indebidamente viviendas, según el decreto sobre esta materia cuya validez ha sido ratificada recientemente por el Tribunal Supremo.