Las consejerías autonómicas cambiarán de sedes para ahorrar 1.000 millones de alquiler

La Comunidad de Madrid se gasta casi 2.000 millones de pesetas al año en pagar el alquiler de sus oficinas. Sólo la mitad de ellas se ubican en inmuebles propios. Para aliviar esta carga económica, el Gobierno regional va a desocupar en los próximos cuatro años un total de 35 edificios con el fin de recortar en 1.000 millones el gasto generado por los arrendamientos. Al mismo tiempo, el consejero de Hacienda, Ramón Espinar, anuncia una inversión de 7.000 millones en la construcción de oficinas sobre terrenos públicos de los distritos de Chamberí, Tetuán y Vallecas.

El Gobierno de Madrid aún no ha cumplido 10 años y ya está harto de vivir de alquiler en uno de los mercados inmobiliarios más caros de Europa, con un recibo de 160 millones de pesetas al mes. Dos edificios del empresario Emiliano Revilla, que ocupan hoy las consejerías de Economía y de Cooperación, serán los primeros desalojados. El edificio Foster-Wheeler, situado en el número 132 de la calle del Príncipe de Vergara, fue alquilado a la familia de Revilla en 19881 cuando el industrial se encontraba secuestrado, por 185 millones de pesetas al año. En la actualidad, tras las sucesivas revisiones de renta, la Comunidad paga unos 300 millones al año.

La Consejería de Cooperación, también instalada en un edificio de Revilla, en el número 17 de la ronda de Atocha, paga un alquiler que supera los 150 millones de pesetas año.

Ambos departamentos regionales cuentan con dependencias diseminadas en otros inmuebles, lo que incrementa los gastos en comunicaciones y seguridad, además del gravamen del alquiler. Espinar asegura que llevará esta semana al Consejo de Gobierno de la Comunidad una propuesta para construir "edificios funcionales de oficinas", con unos 10.000 metros cuadrados de superficie útil. "Estas operaciones se realizarán sólo sobre suelo público, sin entrar en adqusiciones de orden especulativo", advierte. Los terrenos seleccionados se localizan en una parcela del Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid, situados en la calle de Cea Bermúdez; en terrenos del Instituto de la Vivienda de Madrid de la avenida de Asturias (futuro enlace de la plaza de Castilla con el barrio del Pilar), y en el consorcio urbanístico Madrid Sur, un barrio de nueva planta que se construye en Vallecas.

Mientras tanto, la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid -en la antigua Dirección General de Seguridad- va ser rehabilitada a partir de septiembre, tras la salida de las unidades policiales. El presidente regional, Joaquín Leguina, seguirá teniendo la compañía del consejero de Presidencia, Agapito Ramos, quien se llevará a la Puerta del Sol a su equipo, actualmente alojado en la Consejería de Educación y Cultura, en la calle de Alcalá. Este edificio, que fue la oficina central de un banco, pasará a ser propiedad de la Comunidad el año que viene.

Entre los consejeros de la Comunidad de Madrid que disfrutan de una sede en propiedad también se cuentan el de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado; el d,e salud, Pedro Sabando, y el de Transportes, Julián Revenga.

El propio Espinar y la consejera de Integración Social, Elena Vázquez, disponen de edificios alquilados -en el complejo de oficinas de AZCA y en la plaza de Chamberí, respectivamente-, aunque con, rentas "moderadas", contratos "anteriores al decreto Boyer".

De otro lado, el presidente de la Asamblea, Pedro Díez, ha solicitado al ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, la cesión del palacio de Parcent, situado en la calle de San Bernardo, para instalar la sede del Parlamento autónomo. Justicia aún no ha contestado.